El Gobierno nacional anunció la licitación de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para préstamos inmobiliarios, pero el nivel de ingresos requerido de casi 3,5 millones de pesos deja fuera a más del 80% de los hogares y a la gran mayoría de los jubilados.
En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva serie de créditos hipotecarios fondeados a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de ANSES. La iniciativa, presentada oficialmente como una herramienta para reactivar un sector inmobiliario y de la construcción debilitado, otorgará financiamiento a un plazo mínimo de 15 años por un monto máximo de 150.000 UVAs (equivalentes a algo más de USD 200.000), estableciendo un tope a las tasas de interés de UVA + 7,5%.
Sin embargo, el análisis de las condiciones operativas revela una brecha insalvable entre los requisitos exigidos y la realidad socioeconómica de los trabajadores y jubilados argentinos.
La barrera de los ingresos
Durante la presentación del programa, se expuso un ejemplo de cálculo oficial: para adquirir un inmueble de USD 106.667 financiado al 75%, el monto a prestar asciende a $120.920.000. A un plazo de 25 años y con una tasa hipotética de UVA + 7%, la cuota inicial alcanza los $865.098.
Para cumplir con el límite reglamentario de afectación (donde la cuota no puede superar el 25% del sueldo), se exige un ingreso neto familiar de al menos $3.460.391. Se estima que menos del 20% de los hogares en la Argentina alcanzan esa franja de ingresos, cifra que se vuelve aún más restrictiva si se opta por plazos de devolución menores a los 25 años.
La brecha con el sector pasivo
En el ámbito previsional, especialistas señalan que la medida genera contradicciones estructurales:
- Topes a los haberes: Mientras los abonos máximos de ANSES se encuentran ajustados por topes legales (alrededor de los $2,8 millones), la exigencia salarial para calificar a un crédito estándar supera holgadamente esa cifra, dejando fuera de alcance incluso a quienes perciben las jubilaciones más altas del sistema contributivo.
- Ahorro previo en dólares: El financiamiento cubre hasta el 75% u 80% del inmueble, exigiendo contar con un capital propio en efectivo de entre USD 20.000 y USD 30.000, una capacidad de ahorro inexistente para la gran mayoría de los adultos mayores.
- Scoring e historial crediticio: Las entidades bancarias mantendrán el riesgo de cobro y aplicarán filtros automáticos severos, desestimando carpetas de personas que registren compromisos financieros o consumos en cuotas.
Con una partida total limitada a 2 billones de pesos —lo que permitirá otorgar aproximadamente unos 18.000 préstamos en todo el país—, el programa difícilmente logre dar respuesta a la masiva demanda habitacional de los sectores medios y de la clase pasiva, cuyos ingresos han quedado totalmente desalineados del costo real del crédito y del mercado de la vivienda.
