En diálogo con BDN, el abogado penalista Dr. Juan Arregín analizó la puesta en marcha de la Ley 27.801, que habilita el juzgamiento de adolescentes de entre 14 y 15 años. El especialista remarcó la importancia de la educación legal para las familias y aclaró los alcances del nuevo marco normativo.
Entre los puntos principales abordados, el letrado destacó:
- Sistema progresivo de sanciones: Arregín enfatizó que la norma no implica el envío directo a prisión. La ley contempla una escala de medidas que se inicia con llamados de atención, reparación integral del daño económico (a cargo de los padres) y tareas de trabajo comunitario orientadas a la rehabilitación antes de recurrir a la privación de la libertad.
- Falta de adecuación provincial y recursos: Si bien el Congreso fijó un plazo de 180 días para adecuar las legislaciones locales, se señalaron falencias en el ámbito provincial. Aunque Corrientes avanzó en su código procesal y Chaco construyó un centro de contención de 50 plazas, el penalista advirtió sobre la falta de fiscales especializados en derecho penal juvenil, lo que podría generar nulidades procesales.
- Problemática social de fondo: La norma busca contrarrestar la utilización de menores por parte de redes de narcotráfico, así como abordar la comisión de delitos contra la propiedad asociados al consumo de sustancias y los nuevos desafíos de delitos digitales mediante inteligencia artificial.
- Debate político y judicial: Ante la suspensión cautelar de la norma por 60 días en la Provincia de Buenos Aires tras un recurso impulsado por sectores sociales y religiosos, Arregín cuestionó la “romantización” del delito y la especulación política, instando a aplicar un marco regulatorio claro que otorgue respuestas tanto a las víctimas como a la contención de los jóvenes.
