La defensa de Yamil Gane cuestionó su prisión preventiva y apuntó contra el fiscal Sabadini
Tras la audiencia ante la Cámara de Apelaciones, el Estudio Jurídico Leiva sostuvo que la detención de Gane carece de fundamentos suficientes y reclamó que la Fiscalía acredite los riesgos procesales que invoca para mantenerlo privado de su libertad. El tribunal quedó en deliberación.
La situación procesal de Yamil Gabriel Gane, detenido en el marco de la causa por presunto lavado de activos, volvió a quedar bajo la lupa luego de la audiencia celebrada ante la Cámara de Apelaciones.
Su defensa cuestionó duramente los argumentos utilizados para sostener la prisión preventiva y aseguró que no existen pruebas concretas de riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. En particular, señaló que la Fiscalía invoca la supuesta facilidad de Gane para cruzar fronteras, pese a que sus cuentas bancarias se encuentran bloqueadas por orden judicial.
El planteo también apuntó contra el argumento de un eventual entorpecimiento probatorio. La defensa remarcó que la propia Fiscalía reconoció que todavía resta analizar evidencia tecnológica y contable que ya fue secuestrada y se encuentra bajo custodia estatal.
En ese contexto, el Estudio Jurídico Leiva sostuvo que la prisión preventiva no puede sostenerse sobre presunciones vinculadas con la magnitud de la causa, sino que requiere acreditar un riesgo concreto e individual respecto de Gane.
Mientras la Cámara de Apelaciones analiza el planteo, la defensa difundió un comunicado en el que cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal y afirmó haber aportado elementos destinados a acreditar el origen de los fondos y la capacidad económica de su asistido.
COMUNICADO DE PRENSA
Estudio Jurídico Leiva – Defensa de Yamil Gabriel Gane
Ante la repercusión pública que ha tomado la causa por presunto lavado de activos que involucra a mi asistido Yamil Gabriel Gane, esta defensa considera necesario hacer conocer a la opinión pública su posición, con motivo de la audiencia celebrada ayer ante la Cámara de Apelaciones.
Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: la prisión preventiva de mi asistido carece de fundamento procesal suficiente. La privación de la libertad durante el proceso es una medida excepcional, no una regla. Exige peligro concreto y actual de fuga o de entorpecimiento probatorio. Ninguno de los dos está probado en este expediente. Ninguno.
El Ministerio Público Fiscal habla de “facilidad para cruzar fronteras”. Pero es la misma fiscalía la que reconoce que las cuentas bancarias de mi asistido están bloqueadas por orden judicial. No se puede sostener, a la vez, que una persona tiene capacidad para fugarse y que no tiene acceso a un solo peso de su propio dinero. Fugarse cuesta. Y el Estado ya le cerró esa puerta.
Tampoco alcanza con invocar la “complejidad de la organización criminal” investigada, como si la magnitud de un expediente reemplazara la obligación legal de probar un riesgo procesal individual y concreto sobre cada imputado. La ley pide un juicio sobre Gane, sobre su conducta, sobre su situación particular. No una presunción prestada del tamaño de la causa.
Y sobre el entorpecimiento probatorio, la propia fiscalía admitió que aún resta analizar evidencia tecnológica y contable que ya está secuestrada, bajo su propia custodia. Un imputado no puede alterar lo que ya no tiene en sus manos. Si el análisis pericial demora, es un problema de gestión de la fiscalía, no un peligro que se le pueda cargar a mi asistido.
Esta defensa, mientras tanto, no se quedó esperando. Aportó elementos concretos que acreditan el origen de los fondos y la capacidad económica de Gane, desde el primer día.
El tribunal quedó en deliberar. Esperamos esa resolución con el respeto institucional que corresponde, con la confianza de que sea la ley, y no la exposición mediática de la causa, la que termine definiendo esto. Porque de eso se trata la Justicia: de aplicar el derecho, no de acompañar el ruido.
