La magistrada federal Zunilda Niremperger solicitó a Patricio Sabadini que incorpore todas las pruebas producidas y precise si quedan medidas pendientes. El abogado de Yamil Gane cuestionó la investigación y sostuvo que no existen elementos que vinculen al empresario con maniobras ilícitas.
La causa conocida como Exen, que investiga una presunta red de lavado de activos, atraviesa una instancia decisiva luego de que la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, exigiera al fiscal Patricio Sabadini que incorpore al expediente la totalidad de las pruebas producidas y detalle si aún restan medidas por realizar.
El requerimiento también apunta a que el fiscal presente una valoración individual de los siete imputados, con el objetivo de que la magistrada pueda analizar y definir la situación procesal de cada uno de ellos.
En este contexto, Rubén Leiva, abogado defensor del empresario correntino Yamil Gane, se refirió a la situación en diálogo con T5 Satelital y cuestionó los fundamentos de la investigación que mantiene involucrado a su representado.
Según planteó el letrado, Gane no fue mencionado por el supuesto arrepentido cuyas declaraciones dieron origen a la investigación impulsada por Sabadini. A esto sumó que, de acuerdo con la documentación analizada por la defensa, tampoco existirían alertas bancarias que vinculen al empresario con presuntos movimientos fraudulentos o ilícitos.
A partir de estos argumentos, Leiva reclamó la liberación y el sobreseimiento de Gane, al considerar que no existe riesgo de fuga ni elementos suficientes que justifiquen que permanezca privado de su libertad.
El abogado también cuestionó los procedimientos utilizados durante la investigación y sostuvo que, desde la perspectiva de la defensa, se habrían vulnerado derechos constitucionales de su representado. Según indicó, esto habría generado consecuencias negativas tanto en el plano personal como en el ámbito profesional del empresario.
Cuestionamientos al avance de la causa
Para Leiva, el pedido formulado por la jueza Niremperger refleja la necesidad de precisar qué elementos probatorios existen efectivamente en el expediente y cuáles son las medidas que todavía deben concretarse.
En esa línea, el defensor consideró que la situación actual expone la falta de sustento suficiente para mantener las restricciones sobre los imputados y volvió a cuestionar el manejo de la investigación por parte de la Fiscalía.
El letrado también puso el foco en el daño moral y personal que, según sostuvo, la causa habría provocado a las personas involucradas, como consecuencia de lo que considera un tratamiento inadecuado del expediente.
Ahora, la definición queda en manos de la jueza Niremperger, quien deberá evaluar la información que presente el fiscal Sabadini y la situación particular de cada uno de los siete imputados antes de adoptar una decisión procesal.
