La iniciativa, presentada por el concejal Alejandro Aradas, busca combatir el desorden vial y la proliferación de minibasurales permitiendo que los ciudadanos envíen fotos y videos como prueba de faltas urbanas.
En un intento por extender el control municipal a todos los rincones de la capital chaqueña, el Concejo Deliberante de Resistencia analiza el proyecto de ordenanza denominado “Cámara Ciudadana”. La propuesta apunta a convertir al vecino en un colaborador activo del ordenamiento urbano, utilizando la tecnología móvil como herramienta de participación.
El vecino como “supervisor”
El eje del proyecto radica en que cualquier ciudadano pueda registrar mediante su smartphone infracciones de tránsito o conductas que atenten contra la higiene pública. Estas pruebas (fotos o grabaciones) serían enviadas a través de canales oficiales como WhatsApp o aplicaciones municipales, sirviendo de base para que el juzgado de faltas inicie el proceso sancionatorio.
“El municipio no tiene la capacidad de poner un inspector en cada esquina de cada barrio. Por eso, buscamos formalizar lo que hoy ya ocurre: el vecino que se indigna cuando ve a alguien tirando basura o pasando un semáforo en rojo y decide registrarlo”, explicó Aradas.
Foco en el tránsito y la basura
El concejal destacó dos problemáticas críticas que el proyecto busca atacar de forma inmediata:
- Siniestralidad Vial: Denuncias sobre conductores que cruzan semáforos en rojo, circulan de contramano o realizan maniobras peligrosas. Aradas comparó el comportamiento local con el que los conductores mantienen al cruzar el puente hacia Corrientes, donde el rigor del control obliga al cumplimiento de las normas.
- Higiene Urbana: La detección de personas que arrojan residuos en lugares no permitidos, generando minibasurales que el municipio debe limpiar reiteradamente sin poder identificar a los infractores.
“Hijos del rigor” y convivencia
Durante la presentación, Aradas sostuvo que la medida tiene un fuerte componente de concientización. Al saber que cualquier transeúnte puede ser un “denunciante en potencia”, se espera que los infractores modifiquen sus conductas por temor a la sanción económica.
El proyecto se encuentra actualmente en etapa de debate en las comisiones del Concejo, donde se analizan los resguardos legales de las pruebas enviadas por los ciudadanos y los mecanismos de validación para garantizar la transparencia del sistema antes de su implementación definitiva.
