Un informe de la consultora Zentrix sostiene que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $5,93 billones en partidas sin asignación específica, que podrían utilizarse para financiar la recomposición salarial y presupuestaria de las universidades nacionales. En diálogo con BDN por T5 Satelital, el economista Claudio Montiel afirmó que las necesidades rondarían los $2,4 billones y cuestionó que la falta de recursos sea el argumento para no cumplir con la normativa.
El director de Zentrix Consultora, Claudio Montiel, aseguró que existen recursos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 que permitirían financiar las necesidades de las universidades nacionales sin incrementar el gasto público total ni comprometer el equilibrio fiscal. El planteo se basa en un informe de la consultora que identifica $5,93 billones en partidas sin asignación específica, principalmente dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.
Durante una entrevista con BDN en T5 Satelital, Montiel sostuvo que “la plata está” y explicó que el debate pasa por definir cómo se distribuyen los recursos contemplados en el presupuesto. Según el economista, el Poder Ejecutivo podría reasignar una parte de esos fondos para atender las demandas del sistema universitario sin modificar el resultado fiscal proyectado.
El informe de Zentrix estima que el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 requeriría entre $2,45 y $3,65 billones adicionales durante 2027. En cambio, el proyecto oficial contempla $7,35 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que se necesitan al menos $9,8 billones para cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa y propone un presupuesto de $11 billones para el próximo año.
Montiel explicó que los casi $6 billones identificados en el análisis corresponden a partidas cuyo destino no está detallado de manera específica en las planillas presupuestarias. En ese sentido, consideró que parte de esos recursos podría destinarse a cubrir la diferencia entre el financiamiento previsto por el Gobierno y las necesidades de las casas de estudio.
No obstante, el economista advirtió sobre un aspecto técnico de la legislación. Según señaló, el artículo 9 de la ley contempla como fuente de financiamiento las transferencias extraordinarias del Banco Central correspondientes a utilidades netas, un mecanismo que consideró inadecuado para sostener gastos corrientes permanentes, debido a que esos ingresos no están garantizados de manera constante.
El especialista también planteó que las decisiones fiscales no se limitan al gasto público, sino que incluyen los impuestos que el Estado decide dejar de recaudar. Por eso, consideró necesario analizar tanto las partidas presupuestarias como las decisiones tributarias al evaluar las alternativas para financiar las universidades.
El estudio sostiene que una reasignación presupuestaria permitiría cubrir las necesidades universitarias sin aumentar el gasto total previsto, aunque advierte que utilizar esos fondos reduciría el margen del Ejecutivo para afrontar contingencias u otros compromisos durante el ejercicio. Por ese motivo, propone incorporar expresamente los recursos en el artículo 12 del Presupuesto 2027.
La discusión se desarrolla en medio del conflicto por la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en 2025 y cuya implementación fue objeto de una disputa judicial. El Gobierno apeló el fallo que ordenó su cumplimiento integral, mientras continúa vigente una medida cautelar vinculada con la recomposición salarial y las becas.
En paralelo, las universidades reclaman una actualización de sus partidas para afrontar los salarios, los gastos de funcionamiento y las actividades académicas y científicas. De acuerdo con el informe de Zentrix, los salarios universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre el 22% y el 26% respecto de noviembre de 2023.
Para Montiel, la discusión central no radica únicamente en cuánto dinero necesita el sistema universitario, sino también en las prioridades de asignación de los recursos públicos y en las alternativas disponibles para atender esas obligaciones sin modificar las metas fiscales del Gobierno.
