La madre biológica y el padrastro del niño de 4 años enfrentan la audiencia de imputación. La autopsia reveló más de 20 golpes en el cráneo, mientras la mirada social se posa sobre el Juzgado de Familia que ordenó la restitución del menor.
El asesinato de Ángel López ha despertado una ola de indignación que trasciende las fronteras de Comodoro Rivadavia. Tras la detención de Mariela Angélica Altamirano (madre biológica) y Michael González (padrastro), la justicia busca determinar las responsabilidades penales de un hecho marcado por la crueldad y la desprotección estatal.
Un informe forense escalofriante
En declaraciones a Buen Día Noticias, el periodista Saúl Gherscovici detalló que los fiscales Facundo Oribones y Cristiana La Sabá cuentan con pruebas que consideran concluyentes. La pericia forense determinó que el niño recibió más de 20 golpes en la zona de la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte.
Ante la gravedad del cuadro y el riesgo de reacción popular, se espera que hoy, en la audiencia de control de detención, se dicte la prisión preventiva para ambos acusados. La querella del padre biológico será representada por el abogado Roberto Castillo, quien ya se encuentra en la ciudad para avanzar no solo contra los autores materiales, sino también contra el sistema que permitió este desenlace.
Las fallas de la justicia: Crónica de una tragedia anunciada
El caso pone bajo la lupa al sistema de protección de menores y al Juzgado de Familia interviniente. Ángel había sido criado desde los pocos meses de vida por Lorena, su “madre de corazón”, y su padre biológico, luego de que Altamirano lo abandonara. Sin embargo, tras una serie de denuncias por presuntos malos tratos —que según la querella nunca fueron debidamente investigadas—, la justicia ordenó la restitución del niño a su progenitora biológica.
“Ángel era un niño feliz y cuidado; se lo devolvió a la comunidad cinco meses después, pero muerto”, señaló Gherscovici. Testimonios y videos viralizados muestran que el propio niño manifestaba a gritos su deseo de no regresar con su madre biológica. Además, se denuncia una nula supervisión del hogar tras la restitución, el cual no contaba con las condiciones mínimas de salubridad.
El pedido de justicia
Mientras la investigación por homicidio avanza contra Altamirano y González, diversas organizaciones y el Colegio de Abogados local ya analizan presentaciones ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue el desempeño de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso de restitución.
La comunidad de Comodoro Rivadavia permanece en alerta, exigiendo que este caso marque un precedente para que el sistema de protección infantil deje de priorizar el vínculo biológico por sobre la integridad y el deseo de los niños.
