Tras prometer el pago del 50% de las compensaciones, la empresa se presentó en concurso de acreedores en Santa Fe. El abogado Carlos Fernando Peña denunció “mala fe” patronal y estimó que los fondos judiciales podrían liberarse recién después de la feria de invierno.
La desesperación y la incertidumbre se sostienen entre los extrabajadores de la histórica planta textil ALAL en la ciudad de Goya. Tras el cierre intempestivo de sus persianas a fines de enero, la firma dejó en la calle a un tendal de familias que hoy, cinco meses después del cese de actividades, no han percibido un solo peso en concepto de indemnización laboral.
En una entrevista otorgada a 47 Millones, el Dr. Carlos Fernando Peña, abogado especialista en Derecho Laboral, y letrado patrocinante de un grupo de damnificados, detalló el intrincado laberinto judicial que mantiene congelados los pagos y obstaculiza el sustento diario de los operarios.
El freno del concurso de acreedores
De acuerdo a lo expresado por el letrado, la firma justificó el cierre basándose en problemas financieros derivados de las políticas macroeconómicas actuales, puntualmente por la “apertura discriminatoria de importaciones” de hilados que afectó de lleno al rubro. Al momento del despido, la patronal se comprometió a abonar el 50% de las indemnizaciones de forma inmediata, una promesa que jamás se materializó.
Ante las intimaciones y las acciones legales promovidas en el juzgado laboral de Goya —donde incluso se llegó a dictar una sentencia favorable a los trabajadores mediante medidas autosatisfactivas—, la empresa interpuso un concurso preventivo de crisis. El proceso radica actualmente en el Juzgado de Reconquista, provincia de Santa Fe, lugar donde ALAL posee su sede legal.
“El concurso tiene un efecto de atracción sobre todos los juicios. Hasta que no se resuelva allí, no se puede cobrar por otros medios ni ejecutar las sentencias locales porque la empresa tiene inhibidos sus bienes”, detalló Peña. Para el abogado, existió una clara “mala fe” o estrategia por parte de los propietarios, dado que dispusieron de un ventana de casi 30 días entre el cierre y la apertura del concurso, período en el cual podrían haber liquidado el 50% prometido a los operarios en lugar de licuar sus deudas en la masa general de acreedores.
Plazos judiciales y el pedido de Pronto Pago
A pesar de las dilaciones, Peña llevó algo de tranquilidad respecto a la prioridad de los créditos. Al tratarse de deudas laborales de carácter alimentario, los trabajadores gozan de un “privilegio preferente” y serán los primeros en cobrar una vez que se liberen los activos. El estudio jurídico ya se encuentra presentado en el concurso de Reconquista fiscalizando los movimientos e impulsará formalmente el pedido de “pronto pago”.
Con respecto a los plazos legales del juzgado santafesino, el cronograma previsto estipula:
- Fines de mayo: Cierre del plazo para la verificación de créditos por parte de todos los acreedores (incluidos proveedores y entidades financieras).
- Junio: Presentación del informe individual por parte del síndico de la causa.
- Julio/Agosto: Emisión del informe general (luego del receso por la feria judicial de invierno), momento en el cual se espera comiencen a liberarse los fondos correspondientes.
Drama social en las calles de Goya
El conflicto afecta directamente a 160 operarios en relación de dependencia directa, pero la cifra supera ampliamente los 260 damnificados al contabilizar al personal tercerizado, administrativos y camioneros. Peña remarcó el drama humano y social que golpea a Goya: “Hablamos de una empresa con más de 40 años en la ciudad. Hay gente con 30 años de antigüedad que hoy, pasados los 50 o 55 años de edad, se ve obligada a reinsertarse en un mercado laboral textil que no ofrece vacantes”.
En la actualidad, los obreros subsisten mediante la realización de “changas” informales, el cobro temporal del fondo de desempleo, asistencia municipal con cajas de mercadería y medidas excepcionales para evitar el corte de los servicios públicos esenciales. Ante la falta de respuestas urgentes y la acumulación de deudas familiares, los extrabajadores mantienen un esquema de marchas constantes en eventos masivos locales y ante los domicilios particulares de los propietarios de la firma.
