La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó la falta de mérito para los imputados por presunto lavado de dinero. Tras recuperar la libertad de los involucrados, el abogado Rubén Leiva cuestionó con dureza las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción y adelantó que evalúan acciones legales.
Un giro determinante dio en las últimas horas la denominada «Causa Exen». A través de un fallo firmado por las juezas María Virginia Ise, Patricia García y Rocío Alcalá, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó los procesamientos con prisión preventiva que pesaban sobre los acusados por presunto lavado de activos de origen delictivo, dictando en su lugar la falta de mérito y ordenando la inmediata libertad de los detenidos.
En diálogo con T5, el abogado defensor Dr. Rubén Leiva —representante legal de Yamil Gane y Mauro Lugo Heim— manifestó su satisfacción por la resolución judicial y sostuvo que el tribunal de alzada puso «blanco sobre negro» en un expediente sostenido sobre «meras sospechas no probadas» por la fiscalía federal conducida por Patricio Sabadini.
«La Cámara dijo que no existe el delito precedente de narcotráfico ni la vinculación con la venta de vehículos ilícitos. El fiscal no contaba con un solo elemento objetivo para sostener las imputaciones«, remarcó Leiva durante la entrevista.
Un daño patrimonial y la reconstrucción
Más allá del alivio por las excarcelaciones, la defensa hizo hincapié en el severo impacto económico y comercial provocado sobre la red de siete gimnasios y complejos deportivos. Durante el proceso impulsado inicialmente en el juzgado a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, se ordenaron clausuras, embargos y el desmantelamiento de equipamiento técnico y mobiliario, parte del cual fue derivado o cedido a dependencias policiales y organismos oficiales.
«Recuperar la libertad es lo más valioso, pero la actividad comercial destruida es muy difícil de recomponer. Hay deudas contraídas, cuentas bancarias cerradas y familias que quedaron en la calle«, explicó el letrado, al tiempo que confirmó que se encuentran auditando el estado financiero e inventario de los bienes para exigir judicialmente el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por medidas que calificó como «desmedidas y desproporcionadas».
