Entró en vigencia en toda la Argentina la Ley N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años para los delitos graves cometidos en el país.
A través del Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la norma. El nuevo sistema habilita a procesar, juzgar y condenar a adolescentes de 14 y 15 años, fijando un tope de pena máxima de hasta 15 años de prisión y prohibiendo taxativamente la reclusión perpetua. Para delitos leves, la ley prioriza sanciones alternativas como el monitoreo electrónico y los servicios comunitarios.
A pesar de su vigencia formal, la aplicación práctica enfrenta su primer gran obstáculo en la Provincia de Buenos Aires. La jueza de Garantías Marta Elba Pascual dictó una medida cautelar que suspende la ley por 60 días en territorio bonaerense, argumentando una severa falta de infraestructura y la carencia de centros especializados aptos para albergar a los menores. El resto de las provincias inicia ahora un complejo proceso de adecuación presupuestaria y judicial.
