El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dictó una polémica sentencia en la causa por el derrumbe que provocó la muerte de ocho trabajadores, un hecho que marcó profundamente a la comunidad y que, tras catorce años de trámite judicial, llega a su última instancia en Corrientes, con una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos.
El máximo tribunal provincial resolvió rechazar los recursos de casación interpuestos por las querellas, confirmando en lo sustancial la sentencia previa. De este modo, se mantienen las condenas a tres años de prisión de ejecución condicional para los principales responsables, lo que implica que no cumplirán pena efectiva en prisión.
La resolución fue dictada a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia, lo que otorga al fallo un contexto particularmente sensible. Familiares de las víctimas aguardaban desde hace más de una década una definición judicial definitiva.
Uno de los abogados querellantes, Juan Manuel Cubilla Podestá, expresó su disconformidad con el resultado del proceso: “Después de casi catorce años de espera, esta decisión no solo llega tarde, sino que no logra representar adecuadamente la magnitud del daño causado”, sostuvo.
El letrado remarcó especialmente la cuestión de las penas impuestas: “Estamos hablando de ocho personas fallecidas y, sin embargo, las condenas permiten que los responsables permanezcan en libertad. Hay una evidente tensión entre el valor justicia y el resultado concreto del fallo”, señaló.
Desde la querella también se puso el foco en el rol del tribunal, según Cubilla Podestá: “la instancia revisora en Corrientes está llamada a garantizar un control profundo sobre la sentencia, en este caso se ha evitado corregir aspectos sustanciales, lo que hace que sea una decisión injusta”.
Otro de los aspectos destacados es el tiempo transcurrido hasta la resolución definitiva: “Catorce años es una violación abierta al plazo razonable que se le impone a los jueces para cualquier proceso judicial, pero mucho más cuando se trata de una tragedia de esta magnitud. La justicia inoportuna no es justicia”, afirmó el abogado.
Asimismo, adelantó que la estrategia judicial aún no está completamente cerrada: “Nos encontramos analizando en profundidad los fundamentos del fallo y evaluando la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función de los fundamentos que agravian a nuestros representados”, indicó.
El fallo, es la última palabra una la etapa judicial provincial, deja abierto un debate más amplio sobre la respuesta del sistema ante hechos de alta gravedad social. Para los familiares, la sentencia no solo tiene un impacto jurídico, sino también simbólico.
“Las familias sostuvieron este proceso durante años con la expectativa de una respuesta acorde. Esta decisión, lejos de cerrar la herida, profundiza una sensación de deuda”, concluyó Cubilla Podestá.
La causa, que durante años fue seguida con atención por la comunidad, vuelve ahora al centro de la discusión pública, no solo por su desenlace, sino por lo que plantea en términos de tiempos judiciales, proporcionalidad de las penas y sentido de justicia.
