La reciente normativa del Gobierno Nacional ratifica la gratuidad para los usuarios pero elimina las compensaciones estatales a las empresas de transporte. Anticipan un inminente conflicto en la Justicia.
La oficialización de la Resolución 28 por parte del Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en el sector del transporte de larga distancia y entre las asociaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad. Si bien la normativa ratifica de forma taxativa la vigencia de la gratuidad del beneficio para los usuarios, elimina la contraprestación económica que el Estado otorgaba a las empresas prestadoras para cubrir esos costos.
Para desentrañar el alcance real de esta medida y llevar tranquilidad a la población, el programa Estudio 360 dialogó con César Frugoni, exsubsecretario de Transporte de la provincia del Chaco y especialista en gestión de flujos de pasajeros. Frugoni desmitificó las versiones cruzadas y advirtió sobre una inminente judicialización del conflicto por parte de las cámaras empresarias.
Fin del financiamiento estatal, pero se mantiene la obligación
Uno de los puntos más críticos señalados por el exfuncionario radica en la naturaleza del desembolso que realizaba el Estado, el cual suele ser erróneamente catalogado por la opinión pública.
“Se habló mucho y escuché varias versiones diciendo cualquier cosa, como que el Estado pagaba un subsidio discrecional para mantener a las empresas. Eso es totalmente falso”, enfatizó Frugoni.
Lo que la administración central ejecutaba era una compensación técnica: se le reintegraba a las compañías el 50% del valor de la tarifa de cada boleto emitido bajo la normativa de discapacidad, considerándolo un subsidio directo al pasajero y no corporativo.
Con la entrada en vigencia de la nueva resolución, el Estado nacional deja de aportar esos fondos, pero mantiene la obligación legal de que las empresas lleven a los pasajeros gratis. “El beneficio lo da la Nación a través del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el servicio lo presta el privado y el Estado ahora decide no pagar. Esto va a traer cola porque los empresarios no se van a quedar de brazos cruzados”, sentenció, anticipando que las cámaras del sector recurrirán a los tribunales por considerar que se los obliga a prestar un servicio comercial a pérdida.
¿Cómo afecta el día a día de los beneficiarios?
Ante la incertidumbre de los pasajeros de la región del NEA (Nordeste Argentino) que frecuentemente deben viajar a Buenos Aires por razones médicas, el especialista transmitió un mensaje de calma inmediata: el derecho del ciudadano sigue plenamente vigente.
Las personas con discapacidad mantendrán el beneficio de gratuidad en las mismas condiciones previas, incluyendo el boleto sin costo para un acompañante si el CUD así lo prescribe por razones de movilidad.
No obstante, Frugoni recordó que el acceso al beneficio cuenta con limitaciones logísticas históricas ajenas a esta resolución:
- Cupo por unidad: Se mantiene el límite regulado de hasta cuatro (4) pasajes sin costo por colectivo. Si el cupo se completa en el coche deseado, el usuario debe reprogramar su viaje o consultar en otra firma prestadora.
- Salud Pública vs. Obra Social: La medida afecta de forma directa y prioritaria a pacientes vulnerables que dependen exclusivamente de la salud pública. Aquellos que poseen obras sociales (ya sean provinciales, sindicales o prepagas) tienen el traslado cubierto directamente por sus entidades médicas y no por este cupo estatal en disputa.
El factor de la Alta Complejidad Médica
Finalmente, Frugoni defendió la vital importancia de proteger estas redes de traslado hacia la Capital Federal, argumentando razones de eficiencia sanitaria y optimización de recursos.
“A los sistemas de salud y a las obras sociales les resulta significativamente más económico y eficaz derivar un caso grave o una enfermedad compleja a Buenos Aires”, explicó. Esto se debe a la concentración de infraestructura y experiencia: “Donde un profesional local en su provincia atiende diez casos complejos al año, un especialista en un centro de alta complejidad de Buenos Aires atiende cien”, concluyó, recalcando que el desarraigo temporario sigue siendo la opción más segura para patologías severas.
