Aunque el máximo tribunal revocó la devolución inmediata de la cláusula gatillo de periodos pasados, sentenció que la quita de este beneficio es una “medida regresiva e inadmisible”. Ahora, el Ejecutivo y la Legislatura deben instrumentar un nuevo mecanismo de actualización.
El conflicto salarial docente en la provincia del Chaco sumó un capítulo determinante tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En una entrevista con Estudio 360, el Dr. Felipe Schwartz, representante legal de la Federación Citech, explicó los alcances de una sentencia que, si bien trajo alivio fiscal momentáneo al Ejecutivo, impone obligaciones estrictas para el futuro inmediato.
Un derecho “intangible”
El STJ fue tajante al señalar que la eliminación de los mecanismos de ajuste por inflación —conocidos coloquialmente como “cláusula gatillo”— constituye una medida regresiva que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales. Según Schwartz, el tribunal reconoció que el salario docente ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30% en el último periodo, afectando la dignidad del trabajador y la calidad del servicio educativo.
“El fallo dice claramente que esto no se puede hacer; es contrario a nuestro ordenamiento jurídico y a lo que dictan las cortes internacionales”, afirmó el letrado.
La orden judicial: Urgencia y suficiencia
A diferencia de instancias anteriores, el STJ no ordenó el embargo de cuentas ni la devolución de trimestres específicos de forma retroactiva, lo que dejó sin efecto las multas personales que pesaban sobre el Gobernador. Sin embargo, emitió una orden directa a los otros dos poderes del Estado:
- Instrumentar de manera urgente una recomposición salarial adecuada.
- Asegurar que el salario sea integral, suficiente y respete la intangibilidad.
- Cumplir con estos parámetros en un “plazo razonable”, bajo advertencia de que, de lo contrario, el propio Poder Judicial tomará medidas al respecto.
El argumento de la “falta de fondos”
Ante las declaraciones oficiales que aluden a la responsabilidad fiscal y la escasez de recursos, Schwartz sostuvo que ese argumento no es jurídicamente tolerable para incumplir una sentencia. “El Estado ya perdió la oportunidad de demostrar en la causa qué esfuerzos reales hizo para no sacrificar un derecho humano fundamental como el salario. Ahora hay una orden concreta que deben acatar”, señaló.
El futuro en la Legislatura
El escenario se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera el tratamiento de proyectos que definan el nuevo mecanismo de actualización. Desde los sindicatos advierten que, si la propuesta oficial no cubre mínimamente la inflación o si se dilatan los tiempos, la cuestión será judicializada nuevamente de forma inmediata.
