El Gobierno nacional celebró este jueves la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de que el Senado de la Nación Argentina aprobara la iniciativa que, entre sus puntos centrales, reduce la edad de imputabilidad penal a los 14 años.
A través de un comunicado difundido por la Casa Rosada, el Ejecutivo afirmó que la aprobación de la ley implica el cierre de “cuatro décadas de inacción legislativa” y la actualización de un marco normativo que, según sostuvo, había quedado “desconectado de la realidad criminal del siglo XXI”.
Desde el Gobierno remarcaron que la reforma no constituye únicamente un cambio legal, sino que representa “un acto de justicia hacia la sociedad”. En ese sentido, el texto oficial sostiene que, a partir de la entrada en vigencia de la norma, quienes tengan la capacidad de comprender la gravedad de sus actos deberán responder ante la ley, sin excepciones.
“Delito de adulto, pena de adulto”, resume el comunicado, sintetizando el enfoque adoptado en materia de política criminal y seguridad.
Respaldo presidencial y foco en las víctimas
El presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores que acompañaron la iniciativa y subrayó que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar “por encima de todo”.
Para el Ejecutivo, la reforma salda “una deuda histórica” y devuelve al sistema judicial “las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos” que, según el mensaje oficial, marcaron las últimas décadas.
“El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando existen consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social”, afirma el comunicado, que cierra con una consigna reiterada por el mandatario desde el inicio de su gestión: “En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
Qué establece el nuevo régimen
El proyecto aprobado fija penas máximas de hasta 15 años de prisión, con posibilidad de acceder a la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la condena.
En los casos de condenas de hasta tres años, o de entre tres y diez años cuando no se trate de delitos graves, la privación de la libertad podrá ser reemplazada por otras medidas, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricción para conducir vehículos, impedimento de asistir a determinados establecimientos recreativos o de salir del país, y prestación de servicios comunitarios.
Para la implementación del régimen se dispuso una partida presupuestaria de $23.739.155.303. De ese total, más de $20.000 millones serán destinados a la Defensoría General de la Nación para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. En tanto, más de $3.000 millones estarán dirigidos al Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la designación de los “supervisores”, figura central para la ejecución del sistema.
Estos supervisores deberán contar con formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social. Entre sus funciones se establece la realización de entrevistas semanales con el adolescente imputado, el seguimiento y la supervisión de su evolución durante el proceso y, en caso de detención, el control de las condiciones de alojamiento.
La norma también dispone que los lugares de detención deberán estar especialmente acondicionados y bajo la dirección de personal idóneo para el trato con menores. Asimismo, habilita a la Nación y a las provincias a celebrar convenios de cooperación para el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en otras jurisdicciones, a fin de garantizar los estándares previstos en el nuevo régimen.
