El diputado nacional socialista Esteban Paulón presentó una iniciativa para legalizar este derecho en Argentina, permitiendo el acceso a partir de los 16 años para pacientes con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles.
El Congreso de la Nación se prepara para un nuevo e histórico debate de salud pública e libertades individuales. El diputado nacional Esteban Paulón (Bloque Socialista) presentó formalmente un proyecto de ley bautizado bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”, con el objetivo de legalizar la eutanasia en la República Argentina.
Según el legislador, la propuesta busca complementar el marco normativo actual que ya integran las leyes de Muerte Digna y de Cuidados Paliativos, colocando en el centro de la escena la autonomía y decisión del paciente frente a diagnósticos irreversibles.
A continuación, los ejes centrales y el protocolo que plantea la iniciativa legislativa:
1. Requisitos estrictos para la solicitud
Para poder iniciar el trámite, el paciente debe estar atravesando una enfermedad terminal, crónica o irreversible que le genere dolores físicos o mentales intolerables y un deterioro incapacitante. El proceso exige una manifestación de la voluntad sumamente rigurosa:
- Declaración jurada por escrito: El paciente debe firmar de puño y letra un consentimiento en primera persona.
- Doble evaluación médica: Deberán intervenir dos equipos médicos completamente independientes entre sí para ratificar de forma rigurosa el diagnóstico y que se cumplan las condiciones médicas críticas.
- Validación externa: Finalmente, un comité de bioética y profesionales externos actuará como última instancia de convalidación para certificar que la persona decide bajo una libre expresión de su voluntad.
2. Periodo de reflexión de 15 días y arrepentimiento
El proyecto establece un mecanismo de resguardo psicológico y de seguridad jurídica que otorga un plazo de 15 días de reflexión obligatorios desde el momento de la solicitud inicial.
Durante este período, la persona contará con acompañamiento terapéutico y bioético, pudiendo arrepentirse o dar marcha atrás con la decisión en cualquier instante, de manera informal y sin requerir un trámite especial.
3. Acceso a partir de los 16 años sin tutela parental
Inspirado en los criterios de gradualidad y progresividad de derechos del Código Civil y Comercial y de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el texto permite que los adolescentes desde los 16 años puedan solicitar el procedimiento de manera autónoma, sin la obligatoriedad de una autorización firmada por sus padres. El único criterio vinculante será que el menor cumpla con la totalidad de los exigentes supuestos clínicos y diagnósticos de una enfermedad terminal.
4. Objeción de conciencia individual, no institucional
Dado que se trata de una temática que roza concepciones morales, filosóficas y religiosas de la sociedad, la normativa respeta el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud de forma individual.
Sin embargo, el proyecto prohíbe tajantemente la “objeción institucional”. Esto significa que cualquier centro médico, clínica u hospital estará obligado a garantizar que otros profesionales lleven a cabo el procedimiento si el paciente lo ha solicitado formalmente.
Un contexto regional en expansión
El legislador santafesino se mostró “moderadamente optimista” frente al avance legislativo en las comisiones, fundamentando que existen iniciativas similares distribuidas en distintos bloques de la Cámara.
Paulón detalló que la redacción del documento se basó en el estudio de legislación comparada a nivel internacional. De aprobarse, Argentina se sumaría a un grupo selecto de naciones que regulan este derecho. En el continente americano, actualmente son cuatro los países con marcos legales vigentes para la eutanasia:
- Canadá
- Colombia
- Ecuador
- Uruguay (el caso más reciente en la región)
“No se está obligando a nadie. Lo que hacemos al legislar es garantizar que quienes deseen evitar un padecimiento inevitable y doloroso lo hagan en condiciones seguras, y que los médicos cuenten con la debida protección legal”, concluyó Paulón.
