La Cámara de Diputados debate este jueves desde las 14 la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley. La sesión fue convocada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, en un escenario donde La Libertad Avanza cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales para avanzar con la iniciativa.
El proyecto mantiene los lineamientos centrales impulsados por el Gobierno, aunque incorpora cambios respecto de la versión aprobada en la Cámara Alta. El más significativo fue la eliminación del artículo 44, que establecía una reducción salarial durante las licencias por enfermedad y que había generado fuertes cuestionamientos políticos y sindicales. En caso de ser aprobado con modificaciones, el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.
Con primera minoría propia, el oficialismo necesita acuerdos para asegurar la aprobación. Desde bloques aliados señalaron que, si la norma debe volver al Senado por la supresión del artículo 44, podrían incorporarse otras modificaciones, como la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras virtuales, aunque desde el oficialismo advirtieron que no aceptarán más cambios.
Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral
Uno de los ejes centrales es la redefinición del esquema indemnizatorio. Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se establece que la base de cálculo será exclusivamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como aguinaldo, premios o adicionales extraordinarios.
Además, se fija un nuevo criterio de actualización de créditos laborales —IPC más 3% anual— con el objetivo de reducir la litigiosidad. El proyecto crea también el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes obligatorios de empleadores: 1% de contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes. El fondo será inembargable y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Según el texto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones y reemplazará ingresos que hoy percibe la Administración Nacional de la Seguridad Social.
También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.
Licencias y control médico
El capítulo de licencias fue uno de los más controvertidos. El artículo que disponía una reducción del salario al 75% o 50% en casos de enfermedad no vinculada al trabajo fue eliminado para descomprimir el debate. No obstante, la reforma refuerza los mecanismos de control: exige certificados médicos más detallados, habilita revisiones solicitadas por el empleador y prevé la intervención de juntas médicas en caso de discrepancias, con costo a cargo de la empresa.
Salarios y billeteras virtuales
Otro punto en discusión es la posibilidad de acreditar salarios en Proveedores de Servicios de Pago (PSP). El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, anticipó que insistirán en reincorporar esa opción, eliminada en el Senado tras objeciones de cámaras bancarias. También los desarrollistas Oscar Zago y Eduardo Falcone plantearán modificaciones, aunque el oficialismo resiste reabrir el texto.
Jornada laboral, vacaciones y convenios
El proyecto no modifica la jornada legal vigente, pero introduce un banco de horas voluntario que permitirá compensar horas extras con francos, respetando los límites de descanso. También habilita mayor flexibilidad en contratos a tiempo parcial.
En materia de vacaciones, se mantiene el mínimo de 14 días, pero se permite su fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos y mayor flexibilidad para fijar fechas de común acuerdo.
La iniciativa prioriza convenios por empresa o región sobre los sectoriales nacionales y mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales sindicales y la cuota sindical obligatoria —con tope del 2%— incluso para trabajadores no afiliados.
En cuanto al derecho a huelga, define categorías de servicios esenciales y actividades trascendentales, estableciendo que durante medidas de fuerza deberá garantizarse un 75% de prestación en servicios esenciales y un 50% en actividades trascendentales.
Formalización y cambios en la Justicia laboral
La reforma incluye un programa de regularización con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos y la posibilidad de salir del REPSAL para empresas que cumplan las condiciones. Además, crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 8% durante un año por cada nuevo trabajador incorporado, siempre que exista aumento real de la nómina.
En el plano judicial, los acuerdos homologados ante autoridad laboral tendrán el mismo valor que una sentencia firme y no podrán reabrirse. También se establecen topes a honorarios y una reorganización progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.
Con el cambio en el capítulo de licencias sobre la mesa, el oficialismo buscará consolidar los apoyos necesarios para convertir la reforma laboral en ley en una sesión que se anticipa extensa y con negociaciones de último momento.
