El abogado correntino Armando Aquino Britos analizó en T5 Satelital la situación judicial y política del jefe de Gabinete. Explicó por qué el blanqueo fiscal no lo exime de las responsabilidades penales como funcionario público y detalló cómo funciona la moción de censura que evalúa el Congreso.
La situación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, continúa complicándose tanto en los tribunales como en el ámbito parlamentario. Luego de que se conociera la citación judicial a su hermano, Francisco Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa, el reconocido abogado constitucionalista Armando Aquino Britos vertió duras definiciones y aseguró que las justificaciones patrimoniales del funcionario tienen “ribetes de una superficialidad rayana en lo elemental”.
En una entrevista brindada a 47 Millones, Aquino Britos desmenuzó el alcance penal de las modificaciones que Adorni realizó sobre sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, tras argumentar llamativos hallazgos de dinero en efectivo (un pendrive con más de 500.000 dólares y supuestos ahorros ocultos tras el fallecimiento de su padre).
El blanqueo no borra el delito del funcionario público
Respecto al argumento oficial de que el ministro nacional se amparará en la ley de blanqueo o “inocencia fiscal” para regularizar su situación tributaria, el letrado marcó una diferencia técnica fundamental entre un ciudadano común y un miembro del Poder Ejecutivo:
“El acogimiento al sistema de blanqueo borra la responsabilidad penal por el delito de evasión fiscal, pero no borra el delito de omisión dolosa o maliciosa de la declaración jurada que debió presentar como funcionario público”, dictaminó Aquino Britos.
El especialista citó el artículo 268 (inciso 3) del Código Penal argentino para ratificar que el ocultamiento de dichos fondos ya constituye una infracción consumada: “Él mismo reconoció que tenía ‘ahorros en negro’. Al ser un funcionario comprendido por la Ley de Ética Pública, la omisión fue claramente maliciosa. Tampoco se borra la investigación sobre el origen de los fondos, lo que podría configurar enriquecimiento ilícito o lavado de activos”.
Asimismo, ante quienes relativizan la gravedad del caso catalogándolo como una simple evasión impositiva, el abogado fue categórico: “El impuesto es la contribución para salud, educación y seguridad. No es que Adorni no le robó a nadie, le robó a todos los argentinos a través del mecanismo recaudatorio”.
La vía parlamentaria: Interpelación y Moción de Censura
Paralelamente al andarivel judicial que comanda el fiscal Carlos Stornelli (quien solicitó los datos filiatorios y declaraciones del hermano del jefe de Gabinete), el Congreso de la Nación ya anticipa una fuerte ofensiva política para la próxima semana.
Aquino Britos explicó las herramientas institucionales con las que cuenta el Poder Legislativo para ejercer su rol de contralor, diferenciando la interpelación de la moción de censura:
- Interpelación: Es el interrogatorio formal del Congreso a los ministros sobre temas de gestión.
- Moción de censura: Es una facultad específica introducida tras la reforma constitucional de 1994 para el cargo de jefe de Gabinete (entendido como el jefe de la administración pública). Permite al Congreso remover de su cargo al funcionario mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de sus cámaras.
“El jefe de Gabinete tiene tres vías de salida: que el presidente le pida la renuncia, el juicio político, o esta moción de censura que puede aplicar el Poder Legislativo si cuestiona severamente su comportamiento”, detalló el constitucionalista.
Al cerrar su intervención, y consultado sobre si Adorni debería dar un paso al costado, Aquino Britos concluyó con crudeza: “Siendo muy franco, nunca tendría que haber asumido. No tiene las condiciones intelectuales ni de idoneidad; está muy lejos de las cualidades que amerita esa función. Se está perdiendo demasiado tiempo con un representante de esta naturaleza”.
