A menos de un mes de que comience el debate en el Tribunal Oral Penal Federal de Corrientes, una comitiva judicial recorrió los puntos clave en la localidad de 9 de Julio. El procedimiento estuvo marcado por las revelaciones sobre los intentos de desvío de la causa y un fuerte cruce por la exclusión de los medios locales.
A pocos días del próximo 16 de junio, fecha fijada para el histórico inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal llevó a cabo una exhaustiva inspección ocular en la localidad de 9 de Julio. El procedimiento, calificado como “altamente satisfactorio y necesario” por especialistas que siguen el día a día del caso, buscó dar a los magistrados una dimensión exacta del terreno antes de que comiencen las declaraciones testimoniales.
El factor geográfico: la complejidad del terreno
El recorrido se inició en la casa de la abuela Catalina y se extendió hasta la zona conocida como “El Naranjal”. Quienes participaron de la medida —muchos de ellos abogados defensores que pisaban el lugar por primera vez— manifestaron su sorpresa ante las características del paisaje. Distante a unos 600 u 800 metros de la propiedad, el trayecto hacia El Naranjal demanda aproximadamente 15 minutos a pie a través de una geografía sumamente agreste, caracterizada por montes tupidos y senderos alternativos que dificultan la visibilidad y la orientación.
Además de delimitar los tiempos de caminata que habrían realizado los menores el 13 de junio, la comitiva inspeccionó el sector donde fue hallado el botín implantado de Loan, una etapa que sufrió demoras operativas debido a que los encargados del procedimiento inicialmente no lograban precisar el punto exacto del hallazgo. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al casco urbano para relevar las instalaciones de un hotel céntrico.
La hipótesis de la cooptación y los testimonios contaminados
Durante el análisis del procedimiento, cobró fuerza la hipótesis judicial sobre la intervención de personas vinculadas a la denominada Fundación Dupuy. Según los datos que constan en el expediente, figuras como Elizabeth Cútaya, Alan Cañete y el psicólogo Federico Colombo Rossi se habrían instalado en dicho hotel con el objetivo de “cooptar y controlar” a testigos clave como Macarena, Camila y los propios niños que estuvieron con Loan por última vez.
De acuerdo con las líneas de investigación, esta organización habría buscado manipular a los menores de cara a las Cámaras Gesell, introduciendo elementos distractores en sus relatos y dibujos —como la versión de un “hombre encapuchado con un lunar” o supuestos disparos de cazadores—. El fin de estas maniobras habría sido desviar el foco principal de la pesquisa hacia pistas falsas vinculadas al narcotráfico, bajo un presunto andamiaje político y mediático. En este marco, trascendieron comunicaciones donde Cútaya consultaba de manera directa al abogado Fernando Burlando sobre cómo proceder ante la llegada de las fuerzas de seguridad al establecimiento.
Escándalo y discriminación a la prensa local
La jornada no estuvo exenta de polémica. Días antes, el Tribunal Oral Federal de Corrientes había emitido una resolución estricta que prohibía taxativamente el ingreso de la prensa al perímetro de seguridad para resguardar la integridad de la medida judicial. Sin embargo, el operativo falló notablemente en su primera etapa.
Canales de televisión de alcance nacional (como TN, C5N y América) lograron sortear el retén de la Gendarmería Nacional ingresando al predio a las 7:00 de la mañana, antes de que se apostara formalmente el perímetro de exclusión. Lejos de exigir el cumplimiento de la orden firmada por los magistrados, las autoridades permitieron que estos medios permanecieran transmitiendo en vivo desde el interior de la propiedad, lo que desató una fuerte indignación y el formal rechazo de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).
El contrapunto se dio horas más tarde en el centro del pueblo. Al arribar al hotel para la última fase de la inspección, la Policía de la Provincia de Corrientes tomó el control del anillo de seguridad y aplicó un criterio equitativo y tajante: “O entran todos o no entra ninguno”. De esta manera, se impidió el acceso preferencial a los enviados porteños, igualando las condiciones de trabajo en el terreno.
Este incidente enciende las alarmas logísticas respecto a cómo se manejará la acreditación y el flujo de información a partir del 16 de junio, dado que las dimensiones de la sede del Tribunal Oral Federal en la capital provincial son sumamente reducidas para la enorme expectativa mediática que genera el caso.
