En una jornada marcada por la reflexión a 50 años del inicio del proceso dictatorial en Argentina, la abogada especialista en derechos humanos, Lucila Puyol, advirtió sobre la necesidad de avanzar en el juzgamiento de la complicidad civil y económica para completar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
La pata civil del terrorismo de Estado
Durante la entrevista, Puyol destacó que, si bien se ha avanzado significativamente en las condenas a los mandos militares, persiste una “deuda histórica” con el juzgamiento de los sectores civiles. Según la letrada, el golpe de 1976 no hubiera sido posible sin el sustento y la participación activa de grupos empresariales, sectores de la justicia y parte de la jerarquía eclesiástica.
“Es necesario entender que los militares fueron el brazo ejecutor, pero hubo sectores económicos que se beneficiaron directamente con la desaparición de trabajadores y delegados sindicales”, señaló, haciendo énfasis en cómo ciertas empresas entregaron listados de empleados para ser secuestrados.
El plan económico como objetivo central
Uno de los puntos más firmes de la nota fue el análisis del modelo económico instaurado hace cinco décadas. Puyol sostiene que la represión sistemática fue la herramienta necesaria para desarticular la resistencia social e imponer un plan de endeudamiento externo y desindustrialización.
Para la abogada, este análisis cobra especial relevancia en el presente, al trazar paralelismos con discursos económicos actuales que, a su criterio, intentan reflotar recetas que ya resultaron perjudiciales para la soberanía nacional.
Defensa ante el negacionismo
Frente al resurgimiento de discursos que cuestionan la cifra de desaparecidos o la naturaleza de los crímenes cometidos, Puyol fue categórica: “Discutir el número es una estrategia para desviar el foco de lo que realmente ocurrió: un genocidio planificado desde el Estado”. Instó a la sociedad a defender los consensos democráticos alcanzados desde 1983 y a no permitir el retroceso en materia de derechos humanos.
El rol de la justicia y la juventud
A pesar del paso del tiempo, la entrevistada valoró que los juicios de lesa humanidad continúen en la región, permitiendo que las víctimas y sus familiares encuentren un cierre institucional. Finalmente, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que tomen la posta de la memoria: “La juventud es la que garantiza que el ‘Nunca Más’ no sea solo una frase, sino una práctica cotidiana”.
