La referente de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) brindó un crudo diagnóstico en 47 Millones sobre la situación del sector. Advirtió que la falta de actualización de aranceles y los atrasos en los pagos ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos en la provincia.
En una entrevista que puso de relieve la crítica realidad que atraviesa el colectivo de discapacidad, Marcela Kriskovich denunció un “desfinanciamiento estructural” que afecta tanto a profesionales como a familias. Según la activista, el sector se encuentra en una situación límite debido a políticas de ajuste y la falta de respuestas concretas por parte de los organismos de salud.
Aranceles congelados y pagos demorados
Uno de los puntos más alarmantes expuestos por Kriskovich es la brecha económica que enfrentan los centros terapéuticos y los prestadores particulares. “Los aranceles están congelados frente a una inflación que no da tregua, y a eso debemos sumar que los pagos llegan con retrasos de entre 60 y 120 días”, detalló.
Esta cadena de pagos cortada afecta directamente la operatividad de las instituciones en Corrientes. Muchos directores y transportistas se ven obligados a “hacer maravillas” para no suspender servicios vitales, mientras que obras sociales como el IOSCOR y otras prepagas mantienen deudas significativas que ponen en jaque la planificación de los tratamientos para este 2026.
El drama de las pensiones y la lista de espera
Kriskovich también se refirió a la situación de los beneficiarios de pensiones no contributivas, cuyos montos resultan insuficientes para cubrir medicamentos y necesidades básicas. Además, alertó sobre la crítica situación del programa Incluir Salud, que contaría con más de 5.000 personas en lista de espera para acceder a coberturas fundamentales.
“La discapacidad no puede esperar”
La referente recordó las acciones de lucha, como las “Marchas de Antorchas” y la caminata solidaria de más de 450 kilómetros hacia Casa Rosada, como medidas desesperadas para visibilizar que detrás de los números de presupuesto hay vidas humanas.
“El veto a la Ley de Emergencia fue un acto de crueldad. Necesitamos que el Estado entienda que la discapacidad no es un gasto, es una responsabilidad de derechos humanos que no puede esperar a que los números cierren en una planilla”, sentenció Kriskovich.
Desde el Colectivo de Discapacidad de Corrientes adelantaron que continuarán en estado de alerta y movilización hasta que se garantice la plena vigencia de la Ley y la regularización de los pagos a todo el sistema de prestaciones.
