El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo régimen para menores. El abogado penalista Juan Arregín analiza el impacto de la medida, la reducción de penas y la necesidad de un abordaje integral que no se limite al encierro.
Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, Argentina cuenta ahora con un nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa, que reduce la edad de imputabilidad, busca dar respuesta a una problemática que, según especialistas, llevaba más de dos décadas sin ser abordada de manera efectiva por el Estado.
En diálogo con Estudio 360, el abogado penalista Juan Arregín (MP. 5857) calificó el resultado como “previsible” tras los acuerdos alcanzados en Diputados y destacó que esta ley permite un “sinceramiento” del sistema. “Lo peor era no hacer nada. Durante 20 años no se hizo nada con estos chicos y la situación solo empeoró”, señaló el letrado.
Penas diferenciadas y el “último recurso”
Uno de los puntos centrales de la ley es la escala de sanciones. Arregín aclaró que, si bien se baja la edad de imputabilidad, las penas para los menores no serán iguales a las de los adultos:
- Menores de 14 y 15 años: Las penas se reducirán a la mitad del mínimo y máximo legal.
- Jóvenes de 16 y 17 años: La escala penal se reducirá en un tercio.
El abogado enfatizó que el encarcelamiento debe ser la última opción para los jueces. El sistema prevé instancias previas como apercibimientos, trabajos comunitarios, cursos de concientización y asistencia psicológica especializada.
El debate sobre la comprensión del delito
Ante las críticas de sectores de la oposición que argumentan que un menor no tiene plena conciencia de sus actos, Arregín fue contundente: “Tenemos chicos de 10 o 12 años que manipulan inteligencia artificial y redes sociales. Es imposible que les reconozcamos derechos como el voto a los 16 años y les neguemos responsabilidad penal”.
Asimismo, apuntó hacia la responsabilidad parental, señalando que muchas veces el entorno familiar naturaliza el delito o el consumo de sustancias, lo que obliga al Estado a intervenir con equipos multidisciplinarios para “desactivar la bomba a tiempo”.
Implementación y presupuesto
El éxito de la ley dependerá ahora de la infraestructura. Arregín subrayó la importancia de la transferencia de fondos para crear fiscalías y juzgados especializados en minoridad. “Si no queremos que las cárceles sean universidades de la delincuencia, debemos transformar el sistema y hacernos cargo de la contención, no solo del castigo”, concluyó.
