El diputado nacional Diógenes González presentó un proyecto en el Congreso para demandar la reanudación inmediata de las obras en la Autovía de la Ruta 12. Se trata de un tramo estratégico de 14 kilómetros de travesía urbana que atraviesa la capital provincial y que, tras una década de marchas y contramarchas, se encuentra actualmente en estado de abandono total.
En declaraciones a 47 Millones, el legislador calificó como “insólito” el nivel de demora de la obra, que ya ha trascendido a tres gestiones presidenciales distintas. Según denunció, la empresa contratista decidió retirar la maquinaria y paralizar las tareas debido a la falta de pago por parte de la Nación.
Presupuesto asignado pero fondos retenidos
Uno de los puntos más críticos señalados por González es que la falta de dinero no debería ser un obstáculo.
“Yo voté el presupuesto en diciembre y las partidas para la continuidad de la obra están contempladas. Los recursos están; lo que falta es la decisión política de pagarle a las empresas para que retomen el trabajo”, aseguró el diputado.
“Tierra de nadie”: Peligro vial y falta de señalización
La parálisis de la obra ha transformado el acceso a la ciudad en una zona de alta peligrosidad. El legislador advirtió sobre la falta de demarcación y señalización en diversos tramos, lo que ha derivado en múltiples accidentes fatales.
“Para el que no conoce la ciudad, el desconcierto es total. Hay lugares que directamente no tienen señalización y de noche es una boca de lobo”, describió, destacando además los graves embotellamientos que afectan el flujo hacia el Chaco y Misiones.
Contraste con la gestión provincial
El reclamo también puso de relieve la comparación con la Ruta Provincial 5, cuya autovía fue finalizada por el Gobierno de Corrientes. Para González, esto demuestra que “cuando hay voluntad política y los recursos se aplican donde corresponde, las obras se terminan”.
Actualmente, Corrientes es la única capital del Norte Grande que no cuenta con una autovía nacional terminada, situación que el diputado tildó de “discriminación histórica”. El proyecto ahora deberá ser tratado por la Comisión de Obras Públicas, con el objetivo de elevar una comunicación formal que obligue al Ejecutivo Nacional a dar respuestas definitivas a un reclamo que ya lleva diez años de espera.
