La Bolsa de Comercio del Chaco se encuentra en el centro de un torbellino judicial tras las denuncias de múltiples ahorristas e instituciones que aseguran haber sido damnificados por una millonaria pérdida de fondos. El caso, que ya incluye allanamientos y embargos preventivos, pone en duda la transparencia de una de las entidades financieras más importantes de la región.
Embargos y damnificados
La justicia ya ha comenzado a actuar para asegurar los activos restantes de la institución. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Municipio de Sáenz Peña: Obtuvo una medida cautelar que le permitiría recuperar su inversión en caso de una sentencia favorable.
- Catalaxia S.A.: La empresa logró un embargo preventivo por casi 11 millones de pesos. Según su representante legal, el Dr. Víctor Ruiz Díaz, la Bolsa intentó condicionar el pago de esta deuda a cambio de que el acreedor renunciara como socio de la entidad, lo que fue calificado como una maniobra delictiva.
¿Una quiebra artificial?
Uno de los puntos más críticos de la investigación es la salud financiera reportada por la Bolsa. Según el Dr. Ruiz Díaz, los balances de mediados de 2025 mostraban activos por 10.000 millones de pesos y una liquidez que no justificaba un estado de insolvencia. “O algo está mal en la contabilidad o ha habido una quiebra artificialmente inducida”, señaló el abogado, sugiriendo que el dinero podría haber sido desviado a través de transferencias a cuentas de terceros.
Además, se cuestiona la veracidad del respaldo patrimonial de la Bolsa, denunciando que se incluyeron inmuebles donados que cuentan con cláusulas que impiden su venta, inflando así el valor real de los activos líquidos.
Responsabilidad de los directivos
La querella busca que la investigación no se limite al personal operativo, sino que alcance a la alta gerencia y al consejo directivo. Bajo la normativa vigente, los directivos poseen una responsabilidad ilimitada y solidaria. “No hay gente en condiciones de controlar al gerente”, afirmó Ruiz Díaz, señalando una omisión grave en el deber de vigilancia sobre las inversiones y el riesgo de la cartera.
Futuro de la causa
Mientras se aguardan los resultados de los peritajes tecnológicos y el análisis de los movimientos bancarios, la comunidad financiera del Chaco permanece en alerta. Se estima que el perjuicio global podría alcanzar varios miles de millones de pesos, afectando la credibilidad del sistema de inversiones local. Por el momento, la justicia continúa recolectando pruebas para determinar si existió una colusión entre actores internos y externos para el vaciamiento de la entidad.
