El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” el capítulo que proponía ampliar el porcentaje de tierras rurales que podían ser adquiridas por capitales extranjeros. La decisión representa un fuerte retroceso político del oficialismo, que optó por ceder ante la falta de apoyos en el Senado para intentar asegurar el tratamiento del resto de la iniciativa durante la sesión convocada para este jueves.
Las negociaciones fueron encabezadas en las últimas horas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que el oficialismo comprobara que no alcanzaba los 37 votos necesarios para sostener el capítulo más cuestionado del proyecto. El objetivo de la Casa Rosada fue evitar que el rechazo a la flexibilización de la extranjerización de tierras terminara haciendo fracasar toda la reforma.
El cambio de escenario comenzó cuando varios gobernadores expresaron públicamente su rechazo a la modificación. El neuquino Rolando Figueroa fue el primero en pronunciarse en contra de cualquier iniciativa que facilitara la compra de tierras por parte de extranjeros, una postura que impactó directamente en la decisión de la senadora Julieta Corroza, quien dejó de ser considerada un voto favorable para el oficialismo. A esa posición se sumó luego el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien también rechazó la propuesta.
En paralelo, el poroteo de votos siguió complicándose para el Gobierno. Los senadores radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger anticiparon que votarían en contra del capítulo sobre extranjerización de tierras, mientras que la salteña Flavia Royón y el santacruceño José María Carambia, dos legisladores con los que el oficialismo esperaba contar, también se alejaron de esa posición.
Ante ese panorama, Bullrich convocó este miércoles a una reunión con representantes de los bloques dialoguistas para intentar destrabar el conflicto. Allí quedó en evidencia que el oficialismo no tenía margen para sostener el artículo cuestionado, por lo que finalmente decidió retirarlo del proyecto y avanzar únicamente con el resto de las reformas previstas en la ley.
Si bien la marcha atrás evitó una derrota parlamentaria en torno al capítulo sobre extranjerización de tierras, también dejó expuestas las dificultades del Gobierno para mantener los acuerdos alcanzados en el Senado. Ahora la principal incógnita pasa por saber si esta concesión será suficiente para reunir los votos necesarios y aprobar el resto de la iniciativa o si el quiebre político también comprometerá los demás capítulos del proyecto.
