La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Julieta Campo, busca que el Estado actúe como mediador ante el aumento de la mora en préstamos y tarjetas de crédito destinados a cubrir necesidades básicas.
En un contexto económico complejo, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a analizar el proyecto de ley denominado “Segunda Oportunidad”. La propuesta surge como respuesta a indicadores alarmantes: según datos expuestos por la diputada chaqueña Julieta Campo, nueve de cada diez familias argentinas se encuentran endeudadas, y la mayoría utiliza el crédito para financiar el consumo de alimentos y medicamentos.
Mediación estatal frente a intereses “usureros”
El eje central del proyecto no es la estatización de las deudas, sino la creación de un mecanismo de intermediación estatal. La iniciativa propone que el Poder Ejecutivo actúe como “árbitro” entre los acreedores (bancos y empresas fintech) y los deudores, facilitando instancias de renegociación que eviten intereses abusivos.
“El objetivo es que el Estado sea un árbitro que permita un procedimiento ágil para que la gente no termine pagando el doble de lo que debería. No buscamos que el Estado se haga cargo de la deuda, sino que garantice condiciones justas”, explicó Campo en Estudio 360.
Límites a los descuentos salariales
Uno de los puntos más destacados de la normativa es la protección de los ingresos familiares. El proyecto establece topes estrictos para el pago de compromisos financieros:
- Límite general: Las cuotas de deuda no podrán superar el 30% del ingreso mensual del grupo familiar.
- Sectores vulnerables: Para jubilados con la mínima, beneficiarios de la AUH o pensiones no contributivas, el tope se reduce al 20%.
El impacto en el comercio local
La problemática no solo afecta a los consumidores, sino que ha comenzado a golpear la cadena de pagos en el sector comercial. La mora acumulada impacta directamente en pymes y comercios de electrodomésticos, que enfrentan dificultades para sostener sus estructuras debido a la falta de cobro.
El proyecto ya cuenta con estado parlamentario y comenzó su debate informativo en la Comisión de Defensa del Consumidor. Se espera que en las próximas semanas se busquen consensos con otros bloques que presentan iniciativas similares para unificar un texto que brinde una respuesta urgente a la crisis financiera de los hogares.
