El profesional de salud Alejandro Ayala advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema tras la tragedia del fentanilo contaminado. “El Estado invita a controlar, pero no fiscaliza”, aseguró.
La aparición de las denominadas “Propofest” —fiestas clandestinas donde se consumen anestésicos de uso quirúrgico como el propofol— ha vuelto a poner bajo la lupa la fragilidad de los controles sobre estupefacientes en Argentina. En una entrevista con 47 Millones, el kinesiólogo Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas de la tragedia de HLB Farma, lanzó una dura advertencia: el sistema de salud sigue siendo un “agujero negro” que permite el robo y hurto de drogas de alta potencia.
Un sistema sin rastro
Ayala denunció que, a pesar de los antecedentes, en Argentina aún no existe un protocolo unificado y obligatorio que rastree una ampolla desde que sale del laboratorio hasta que llega a la cama del paciente.
“En países serios, cada cama tiene un QR; se escanea la ampolla y queda vinculada al paciente. Aquí, el registro es manual o inexistente. No saben si la droga salió del Hospital Rivadavia, del Italiano o si fue un sobrante de quirófano”, señaló el profesional.
Si bien la ANMAT emitió la disposición 62/23 para incluir estas drogas en la ley de trazabilidad, Ayala criticó que se trata de una simple “invitación” a las provincias. Según su visión, al no ser una exigencia con recursos para la fiscalización, los medicamentos de alto riesgo terminan desviándose con facilidad hacia el consumo recreativo.
El fantasma del fentanilo contaminado
La preocupación de Ayala no es teórica. Su hermano fue uno de los más de 110 fallecidos confirmados en 2025 por el caso del fentanilo contaminado del laboratorio HLB Farma. Actualmente, esa causa cuenta con 14 procesados en el sector privado por adulteración de sustancias, y se espera el juicio oral para finales de este año.
Sin embargo, Ayala enfatizó que la responsabilidad no termina en los laboratorios:
“La justicia debe ser contundente con el sector público. Se está investigando la responsabilidad penal de exfuncionarios del Ministerio de Salud y la ANMAT por no haber frenado el brote a tiempo”.
El llamado a la acción
Para el profesional, culpar únicamente a la ética de los médicos o enfermeros que sustraen los medicamentos es una visión limitada. El foco, sostiene, debe estar en la inversión tecnológica e inteligencia artificial para garantizar la seguridad farmacológica.
“La dirigencia política tiene la obligación de recuperar la confianza en el sistema de salud. Esa confianza se perdió cuando el Estado demostró que no tiene el control de las ampollas de punta a punta”, concluyó.
