En el marco del Consenso Fiscal, ésta y otras provincias renunciaron a los reclamos judiciales por la coparticipación. La Corte Suprema de Justicia dio por cerradas 27 causas.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por cerradas las causas que habían entablado 16 provincias contra el Estado nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos. Lo hizo a pedido del propio Gobierno y con la conformidad de cada estado provincial, según lo estableció el acuerdo de “consenso fiscal” firmado en 2017.En el caso de Misiones, la provincia tenía una demanda contra el Estado nacional para recuperar el dinero descontado de la coparticipación para financiar a la Anses. La Nación, antes de distribuir a las provincias, separaba el 15% de la recaudación y lo destinaba a la Administración Nacional de Seguridad Social. El Gobierno se comprometió a reintegrar paulatinamente esos fondos y pidió que las provincias levanten los reclamos judiciales.“En mérito a lo solicitado por el Estado nacional, a la conformidad expresada por la Provincia y a lo convenido en el denominado ‘Consenso Fiscal’ suscripto por las partes el 16 de noviembre de 2017, aprobado por la ley nacional 27.429… se da por concluido el proceso”, sostiene el fallo del máximo tribunal.Además de Misiones, se dio el mismo proceso y el mismo fallo para otras 15 provincias. La suma total de las 27 demandas de 16 provincias totalizaban unos 740 mil millones de pesos a valores del año pasado.Junto a Misiones, los Estados provinciales que desistieron de sus reclamos son Córdoba, Chubut, Salta Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego, Jujuy, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chaco.En su último acuerdo, la Corte, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dio por cerrados los expediente en cada caso e impuso “costas por su orden”, es decir que tanto el Estado nacional cuanto las provincias deberán pagar proporcionalmente los gastos que demandó la tramitación de los respectivos expedientes.En la mayoría de los casos se trató de acciones declarativas de certeza y de “cobro de pesos”.