Resultado de imagen para Urribarri y Báez Los abogados de los diputados Sergio Urribarri y Pedro Báez pidieron en una audiencia que se revoque la resolución del 5 de noviembre pasado del juez de Transición Nº 2 Gustavo Maldonado, quien les rechazó un recurso de falta de acción y elevó a juicio la causa en la que están imputados por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

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La audiencia celebrada este martes por la tarde fue ante el tribunal presidido por Gervasio Labriola, e integrado además por Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo. Se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez Director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (MC) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo del juez.En esta instancia, los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores de Urribarri; e Ignacio Díaz, defensor de Báez, mejoraron oralmente el planteo de apelación que interpusieron para que sus defendidos no sean juzgados aun teniendo fueros.En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron la fiscal de Coordinación de Paraná, Mónica Carmona, y el fiscal auxiliar Gonzalo Badano, quienes solicitaron al Tribunal que rechace la pretensión de la defensa y que confirme la resolución del juez Maldonado para que de una vez se llegue a la instancia de debate oral y público.El Tribunal tiene cinco días hábiles para dar a conocer su resolución.El primero en tomar la palabra fue Barrandeguy, quien expuso que los legisladores no pueden ser juzgados si todavía la Cámara de Diputados no se expidió sobre el desafuero solicitado por el juez Maldonado el 14 de mayo.Señaló que la Constitución entrerriana reformada en 2008 ubica a la inmunidad de opinión de los legisladores en el artículo 113, a la inmunidad de detención en el artículo 114 y al desafuero en el artículo 115.El letrado enfocó su posición en el artículo 115, que establece lo siguiente: “Cuando se promueva juicio ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinando el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos de los presentes, levantar los fueros o suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.Barrandeguy sostuvo que no se oponen al juicio, pero que quieren que se llegue a esa instancia respetando lo que dice el artículo 115, es decir, que la Cámara Baja se expida sobre el pedido de desafuero.“Nosotros tenemos una postura institucionalista alrededor de los juicios que se desarrollan respecto de la criminalidad de los gobernantes. Pero por allí nosotros no percibimos que esta postura sea debidamente ponderada en las resoluciones judiciales. En este caso concreto se motiva un pedido de desafuero en contra de nuestros defendidos, y nosotros lo aceptamos. No dijimos nada”, señaló y agregó que luego el juez que pidió el desafuero decide elevar la causa a juicio antes de que haya una resolución a su requerimiento.“Ha de darse cumplimiento, en algún momento, lo que dice el artículo 115”, remarcó Barrandeguy. “En algún momento, ahora o después, hay que pedirle a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador, y en una sesión pública examinar el mérito de sumario y con dos tercios de los votos ponerlo a disposición del juez competente”, añadió.A su vez, marcó como contradictoria la posición que tomó el juez Maldonado, primero solicitando el desafuero y, más tarde, sin que la Cámara Baja se haya expedido al respecto,  resuelto elevar a juicio a los legisladores.En ese sentido, sostuvo que nunca le ocurrió que un juez requiriera el desafuero y luego le rechazara un recurso que pide que se cumpla con un requerimiento dictado por el propio juez.El letrado recordó que se llegó a esa situación luego de que el 18 de octubre un tribunal de alzada haya anulado la remisión a juicio sólo para el empresario Germán Buffa. “A nosotros no se nos escuchó”, planteó.A su tiempo, el abogado Ignacio Díaz, defensor de Báez, adhirió a la exposición de Barrandeguy y al petitorio de revocación de la resolución del juez Maldonado.La fiscal de Coordinación de Paraná, Mónica Carmona, solicitó al Tribunal que rechace la pretensión de los abogados defensores. “En las resoluciones no se han vulnerado ni violados las garantías”, dijo.“Entendemos que ninguna de las resoluciones ponen en discusión que los legisladores de la provincia son incoercibles.  Esta coerción se refiere a cualquier coerción personal por más mínima que sea  a la restricción de su libertad, pero no a que puedan someterse a procesos. Ese fue el análisis que hace la Cámara”, señaló.“Los legisladores en este proceso penal se han presentado voluntariamente a indagatoria al momento de discutir el mérito del procesamiento; y por otro lado entendemos que no es para nada incompatible solicitar el desafuero y el que avance la investigación penal y el juzgamiento de los hechos hasta etapas ulteriores. Es decir, que haya quedado firme la decisión de solicitar el desafuero no es incongruente con los avances del proceso. Esto es congruente, porque existe mérito para que el proceso penal avance e inclusive para que un legislador concurra voluntariamente a juicio. Lo que sí no se va a poder hacer es compelerlo a asistir al juicio, sea compulsándolo y mucho menos arrestándolo, esa garantía sin el desafuero es incuestionable que no se puede dar”, refirió.Luego defendió la resolución del juez Maldonado, al decir que si bien es escueta cumple con una línea de acción emanada por un Tribunal superior.  En ese sentido, planteó que “nadie ha querido violar o impedir la función del legislador” y que en todo caso estará en los legisladores asistir o no al juicio en su contra. “Si no lo hacen se va a tener que esperar el desafuero”, indicó.A su tiempo, el fiscal Gonzalo Badano citó a reconocidos constitucionalistas que sostienen que los fueros deben no deben ser entendidos como un privilegio del legislador, sino como una garantía al normal funcionamiento del Poder Legislativo.En ese punto remarcó lo dicho por Carmona, que en el proceso en discusión no se impidió que la tarea legislativa de los diputados Urribarri y Báez. Y por ello reiteró que su juzgamiento no impediría que puedan continuar con su desempeño legislativo, ya que los fueros, mientras los tengan, los blindan de un arresto.Tras escuchar a las partes, el presidente del Tribunal, Gervasio Labriola, dio por terminada la audiencia y anunció que la resolución será comunicada en los plazos de ley. Es decir, dentro de cinco días hábiles.