La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar al recurso presentado por la defensa del empresario de la construcción procesado por lavado de activos agravado en el marco de la causa que también involucra, entre otros, a la diputada nacional Aída Ayala y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo.

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La defensa del ingeniero Pedro Alberto Martínez había solicitado su exención de prisión antes de que la jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger, lo procesara con prisión preventiva, el pasado 28 de mayo, por los delitos de lavado de activos agravado y por los delitos precedentes de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito y, además, le trabase un embargo por un monto de 250 millones de pesos.La jueza Niremperger había rechazado la exención de prisión así como también la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Sin embargo, en una resolución firmada el viernes 3 de agosto,ahora el tribunal de alzada, con la firma de los camaristas Eduardo Belforte -ad hoc-, Rocío Alcalá y María Delfina Denogens decidió conceder el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, solicitado por el abogado defensor de Martínez, José Ballesta.Una causa de alta trascendencia político institucional;Vale recordar que esta causa es una de las que conmovió el escenario político provincial a principios de este año teniendo en cuenta la relevancia de las figuras involucradas, entre quienes se encuentra la actual diputada nacional por Cambiemos y exintendente de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, ambos procesados por lavado de activos agravado y embargados por 200 millones de pesos cada uno en lo que se conoce como “causa Lavado II” o “causa PIMP”. Según la hipótesis de la investigación, se acusa a Ayala como presunta “jefa de una banda” dedicada al lavado de activos “con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la Municipalidad de Resistencia” a través de la contratación de distintas empresas vinculadas para luego ingresar esos fondos a su patrimonio o de terceras personas dándole apariencia de licitud, beneficiándose del hecho de haber ocupado posiciones jerárquicas como funcionarios públicos.En la causa se encuentran procesados, además, los empresarios Carlos Huidobro, presunto testaferro de Sampayo, y Alejandro Fischer, ex jefe de campaña de Aída Ayala y exapoderado de la fundación Construir; Rolando Acuña, también ex directivo de la firma PIMP SA, Fátima Rigassio, pareja de Fischer y accionista de PIMP SA, y la contadora Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco. Todos fueron embargados por un monto de 200 millones de pesos cada uno.Además se encuentran procesados pero sin prisión preventiva Luis Escobar, Natalia Martínez Guarino, hija del empresario Pedro Martínez; Cristian Adrián Zapata, Víctor Quiroz, Eulalio Bouza y Mónica Centurión, pareja de Sampayo.Audiencia clave:La Cámara Federal de Resistencia fijó audiencia para el próximo 6 de septiembre con el objetivo de analizar los planteos de las defensas de los procesados, es decir, si confirma o rechaza las preventivas y los procesamientos dictados por la jueza Zunilda Niremperger. Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal anuló la eximición de prisión concedida por la propia Cámara Federal a Aída Ayala y a Rolando Acuña y desestimó los recursos de los demás imputados por lo que el 6 de septiembre será un día clave para definir cómo continúa la causa. Es decir, si los procesados siguen con prisión preventiva hasta una vez concluída la etapa de instrucción.