El jefe de fiscales provinciales, Jorge Canteros, desmintió que la Cámara Penal de Apelaciones de Resistencia haya resuelto “desintegrar” el equipo de fiscales provinciales abocados a investigar presuntos actos de corrupción de exfuncionarios provinciales. Dijo que antes habrá una audiencia para escuchar a las partes.

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Según una versión difundida durante esta mañana por distintos portales digitales, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia habría resuelto “disolver” el equipo de fiscales provinciales creado para investigar los presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios provinciales, como delitos precedentes de la causa por lavado de activos iniciada en el fuero federal. Sin embargo, el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, desmintió la versión.“No existe ninguna decisión de la Cámara de Apelaciones de la provincia que desintegre el equipo fiscal integrado por los doctores (Graciela) Griffith, (Lucio) Otero y (Nélida) Villalba”, aseguró Canteros. En ese sentido, explicó que “en realidad, lo que existió fue un planteo de la defensa de algunos imputados cuestionando esa decisión del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración General, designando a tres fiscales para esta causa”.“A ese planteo, que fue rechazado por el juez de Garantías, Horacio Sandoval, lo que la Cámara resolvió es que previo al rechazo al planteamiento, continúe interviniendo el doctor Sandoval y se haga la audiencia de oposición”, explicó Canteros. Y recalcó: “no hay ninguna nulidad decretada por la Cámara, lo único que la Cámara dijo es que, previo a toda consideración, debe hacerse ese trámite de audiencia de oposición”.“Hasta ahora esa audiencia no se hace porque algunos de los defensores de los imputados no pudieron concurrir por estar afuera de la provincia”, agregó.Una facultad “constitucional y legal”:El jefe de los fiscales provinciales defendió esa facultad y aseguró que es “constitucional” y “legal”. “Constitucional, porque emerge del artículo 156 de la Constitución Provincial y legal, porque también emerge de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal”, fundamentó. No obstante, admitió que “cualquier imputado puede cuestionar esa decisión, que ha sido convalidada en numerosas causas, entre otras en la causa Roseo, donde también intervino un equipo de tres fiscales”.