Lo ordenó el juez Bonadio después de que la Cámara rechazara la apelación del vice. Se lo acusa de falsificar los papeles del Honda comprado en 1992 para que no entre en el divorcio.

 

 

El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, puede convertirse el año que viene en el primer ocupante de ese cargo en afrontar un juicio oral y público. El juez federal Claudio Bonadio elevó ayer a juicio oral y público la causa que se le sigue junto con otras personas por la presunta falsificación de documentos relacionados con un automóvil importado marca Honda que dijo haber adquirido dos décadas atrás.

 

La decisión del magistrado fue tomada luego que se conociera ayer por la mañana la confirmación de la Cámara Federal sobre la validez del requerimiento de elevación a juicio formulado oportunamente por el fiscal Guillermo Marijuán. Poco después del mediodía se conoció el tribunal que resultó sorteado para intervenir en el juicio contra el vicepresidente.

 

Se trata del Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y por un tercer magistrado subrogante, Pablo Laufer. 

 

Actualmente este tribunal tiene a su cargo un juicio complejo y largo: la causa por los crímenes ocurridos durante la dictadura en el marco del llamado “Plan Cóndor”. Fuentes judiciales estimaron que este juicio -iniciado en marzo de 2013- todavía tiene un largo listado de testigos por escuchar- podría consumir todo el 2015, con lo cual el caso de Boudou, podría pasar para el 2016. Pero una versión que circuló ayer por Tribunales indicaba marzo de 2015 como posible fecha de inicio del juicio oral contra Boudou por este tema.

 

El juicio por el Plan Cóndor lleva dos jornadas semanales de audiencia. De esta manera, el tribunal podría alternar con otros juicios. De hecho, fuentes judiciales recordaron que la Cámara Federal de Casación Penal le rechazó recientemente a este mismo tribunal un pedido de deshacerse de una quincena de juicios con el argumento de que están con mucho trabajo por la causa sobre los crímenes de la dictadura.

 

Marijuán pidió el enjuiciamiento de Boudou por ser un partícipe secundario de quienes presuntamente falsificaron los papeles al registrar un automóvil y cambiar su lugar de radicación. En el trámite se colocó un domicilio que no era el suyo. Podría recibir de uno a seis años de prisión. Y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del plazo de la pena.

 

Fuentes cercanas a la defensa del vicepresidente aseguraron que éste no pedirá dos chances que le da el actual Código de Procedimiento Penal. Ni un juicio abreviado, porque implicaría aceptar la culpabilidad, ni la “probation”. En este caso porque no rige para funcionarios públicos, aunque podría discutir que no lo era al momento de los hechos.

 

La causa se inició por denuncia de la titular del Registro Automotor Nro. 2 porteño, Graciela Taboada de Piñero, quien también está procesada por este hecho e irá a juicio junto con Boudou, su ex novia Agustina Seguin y los gestores que intervinieron en el asunto, Andrés Soto y Rodolfo Basimiani.

 

El trámite bajo la lupa de la Justicia fue la inscripción de una transferencia y cambio de radicación, en febrero de 2003, de un vehículo propiedad del vicepresidente marca Honda, modelo CRX Del Sol, patente WYT 716, importado, en el cual “se utilizó documentación apócrifa”, dice en el fallo a través del cual el juez procesó a Boudou, en agosto pasado.

 

La documentación falsa, de acuerdo con la resolución confirmada luego por la sala II de la Cámara Federal, sería la copia del DNI aportado en el trámite, donde se consigna un domicilio que no era del vicepresidente para lograr el cambio de radicación del vehículo, amén de otro domicilio respecto del supuesto vendedor del vehículo.

 

De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra que se le atribuye al vicepresidente motivó la expedición de “un título de propiedad y una cédula de identificación automotor de dicho vehículo ideológicamente falsos, por cuanto el vendedor nunca enajenó el vehículo a favor de Boudou, ni este último posee el domicilio que consignan dichos documentos públicos y tampoco se corresponde el número de motor que posee el rodado”.

 

La defensa del vicepresidente cargó las culpas sobre los gestores pero ni Bonadio ni la Cámara de Apelaciones, integrada por tres magistrados, creyeron sus argumentos. Además, respecto del cambio de motor dijo que había fundido el original, pero jamás registró la modificación ante las autoridades de Propiedad Automotor.