Acorralado por las amenazas que denunció haber padecido en las últimas semanas, un ex funcionario del Ministerio de Economía, testigo crucial en el caso Ciccone, dejó la Argentina por considerar que su vida corría peligro.

 

 

Es José Guillermo Capdevila, ex director general de Asuntos Jurídicos del Palacio de Hacienda, cuya declaración en la causa de la imprenta podría complicar el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou . Desde el exterior envió un comunicado, con el título "Carta a la opinión pública", en el que denuncia amenazas que recibieron él y algunos familiares. Según su relato, dos personas lo interceptaron en la calle y le advirtieron: "Mida sus palabras, doctor", para intimidarlo antes de que declarara en la Justicia.

 

"Temo por mi vida y nadie de los que tienen la responsabilidad institucional y moral fueron capaces de cuidarme", dice Capdevila en uno de los cuatro párrafos de la carta que envió a LA NACION que hace diez días había informado sobre las amenazas.

 

En 2010, siendo funcionario de Economía, Capdevila redactó el dictamen en el que objetó que Boudou, por entonces ministro de esa cartera, apoyara con su firma el otorgamiento a Ciccone de un plan con beneficios excepcionales por parte de la AFIP. Esto ocurrió cuando la imprenta ya había pasado a ser controlada por The Old Fund y era presidida por Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente.

 

Capdevila se convierte así en el cuarto testigo amenazado del caso que vincula a Boudou con la ex Ciccone.

 

"Supongo que cuando las condiciones de seguridad estén dadas podré venir, volver a mi país a declarar como testigo y podré seguir desde el lugar que me toque tratando de hacer lo mejor por nuestra Argentina", escribió Capdevila.

 

Horas después de cruzar la frontera, un allegado suyo presentó dos escritos judiciales. Uno en el "caso Ciccone", que instruye el juez federal Ariel Lijo; el segundo, en la causa por amenazas contra el ex funcionario de Economía que se inició tras la publicación de LA NACION y quedó en manos del juez Sebastián Casanello.En ambos escritos judiciales, Capdevila confirmó las amenazas y sostuvo que consideraba que no estaban dadas las condiciones de seguridad para testificar en Tribunales.

 

Rápidamente el abogado de Boudou, Diego Pirota, despegó a su cliente del episodio. "Acá hay dos hipótesis. O lo está amenazando alguien que quiere perjudicar al vicepresidente, o lo que dice [Capdevila] es falso y esto es una mentira",

 

Capdevila, quien no arrastra ninguna denuncia penal, juicio o reclamo en su contra, debía declarar ante Lijo el 9 de mayo. Pero aquella citación se suspendió porque el juez viajó a Roma, donde lo recibió el papa Francisco.

 

Dos días después de su frustrada testimonial, LA NACION reveló que dos hombres abordaron a Capdevila en la calle. "Tenga cuidado con lo que va a decir, doctor", habría sido una de las frases intimidatorias. "Mida sus palabras, doctor", la segunda. Pero los incidentes se acumularon. Un auto sin patente persiguió a su pareja durante 30 cuadras, con múltiples curvas y contramarchas en el trayecto. Incluso tras la publicación en el diario, continuaron las intimidaciones. Un segundo familiar sobrellevó otro incidente, lo que aceleró su decisión de abandonar del país, a pesar de los esfuerzos de un fiscal para que primero declarara en Tribunales y luego sí cruzara la frontera, según reconstruyó LA NACION.

 

En ninguno de sus escritos judiciales, sin embargo, Capdevila identificó a sus agresores o quiénes podrían ser sus impulsores. En apenas un párrafo, confirmó que fue "víctima" de un "suceso ilícito", para luego adelantarle a Lijo que se negaba a declarar. "Me ausentaré del país dado que temo por mi integridad física, y regresaré en la medida que considere que estén dadas las condiciones que garanticen mi seguridad", según consta en la copia tribunalicia que salió a la luz.

 

Pero el ex funcionario sí dejó indicios en su carta. Recordó que la Justicia lo citó como testigo porque redactó un dictamen en el que objetó que Boudou, por entonces ministro de Economía, apoyara con su firma -pero por fuera de su competencia funcional- que la AFIP le otorgara un plan con beneficios excepcionales a la nueva Ciccone, cuando ya había pasado a ser controlada por The Old Fund y Alejandro Vandenbroele (ver aparte).

 

"Soy testigo judicial -indicó Capdevila- por el hecho de haber cumplido con mi deber legal, ya que en ese momento, antes de que se me desplazara, era el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en un expediente administrativo y advertí al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, que no debía intervenir en el expediente de Ciccone, consejo que no siguió."

 

Ya fronteras afuera -en un país que no precisó, pero que sería Uruguay, según reconstruyó LA NACION-, Capdevila remarcó la desprotección que sintió durante los últimos días, desde que trascendieron las amenazas. "Nadie del Gobierno, ni de la Justicia, ni de las fuerzas de seguridad, ni de la oposición, se ha puesto en contacto conmigo para darme apoyo y mucho menos protección alguna (a los que les corresponde), como se le debería dar a un testigo llamado (por la prensa) clave."

 

Capdevila sería el cuarto testigo amenazado en relación al escándalo que rodea al vicepresidente y la ex Ciccone. El primero fue un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; el segundo, Luis Scolari -un ex socio de José María Núñez Carmona, el socio de Boudou-, y la restante fue una enfermera del otro fundador de la imprenta, Héctor Ciccone, para verificar si sabía si el empresario había firmado un escrito ante escribano público con detalles sobre sus reuniones con el vicepresidente, como había trascendido en la prensa. La intimidaron y le ofrecieron el dinero equivalente a dos años de su trabajo.

 

A ellos se suma una quinta figura. La ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, que también denunció que desconocidos la amenazaron en Mendoza, donde reside. Ella ya declaró ante Lijo, quien ahora debe definir qué pasos adoptar ante la ausencia de Capdevila.

 

BOUDOU OBJETÓ A DOS TESTIGOS

 

La defensa de Amado Boudou pidió ayer la nulidad de las declaraciones de Nicolás Ciccone y de su yerno, Guillermo Reinwick, en la causa por el salvataje de la imprenta. Diego Pirota, abogado de Boudou, presentó un escrito ante la Cámara Federal, que ahora debe resolver el planteo. La defensa objetó los testimonios de Ciccone y Reinwick porque el juez no la dejó participar de las audiencias. El motivo fue que los testigos dijeron que tenían miedo. Las dos declaraciones complicaron a Boudou..