La medida sorprendió hasta a los funcionarios de más alto rango que pasaron por Balcarce 50 luego del fin de semana largo: desde ayer, la Policía Federal empezó a controlar con un detector de explosivos a todos los vehículos que cruzan el portón de la explanada de Avenida Rivadavia.

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La disposición se enmarca en la reacción oficial ante el ataque que sufrió el Presidente en Mar del Plata y la nueva amenaza de bomba que hubo el viernes pasado contra la Casa Rosada. “Es algo que se tiene que hacer siempre por protocolo y no se hacía: en este contexto tenemos que ser más rigurosos y estrictos con la seguridad”, explicaron a Clarín desde el Gobierno.

Aunque ya advertían un escenario hostil contra el Presidente provocado por el kirchnerismo, los incidentes durante el acto en la costa y el llamado anónimo que se recibió en la central del 911 del departamento federal de emergencias precipitaron algunos cambios.

Uno de ellos fue intensificar los controles en los accesos. En el Gobierno confiaron que la amenaza de bomba del viernes fue la quinta que se recibió en la Casa Rosada desde que Macri es Presidente. “Vamos a aplicar los mismos protocolos que para los ingresos a la Quinta de Olivos”, admitieron. Esto incluye un control previo de detectores de explosivos y metales para funcionarios que visitan al jefe de Estado.

El otro cambio que anunció el Gobierno dejó en evidencia cierta fragilidad en su actual seguridad: se definió que dentro de un mes el Presidente comenzará a movilizarse en una camioneta blindada, una Mercedes Benz Vito especialmente acondicionada. Es decir que habrá usado durante 9 meses un vehículo “vulnerable”.

“Se le puede hacer alguna sugerencia, pero el Presidente es el que elige en qué auto se traslada”, argumentaron a Clarín fuentes oficiales, ante la consulta sobre la actual camioneta, una Van dorada. Aunque aseguran que el cambio de vehículo “ya estaba previsto”, admiten que los últimos hechos, sumados a los miles de llamados al 911 que daban cuenta de presuntas bombas en su departamento de Avenida Libertador (donde hoy vive el titular de la AFI Gustavo Arribas) aceleraron los plazos.

No obstante, afirman que no lograrán convencerlo de sumar más personal a su custodia. Es que, desde que asumió, un poco por austeridad y otro tanto por su intento de conservar algo de intimidad, Macri dio la orden de reducir los efectivos que lo acompañan, no sólo para sus traslados locales sino también en las comitivas internacionales. Un estilo austero al que la Casa Militar, que está a cargo de la seguridad de los presidentes, debió adaptarse luego de años de seguir durante ocho años los pasos de Cristina, que optaba por una nutrida tropa a su servicio.

Más allá de algún debate interno, nadie se había animado a contradecir al Presidente en su decisión. "El no quiere perder independencia. Pero además no le gusta que se hagan gastos innecesarios: pide que se justifique qué función cumple cada efectivo que lo acompaña", explicaron a este diario fuentes del Gobierno.

Los cambios también se dieron en la cúpula: el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis dispuso el cambio de jefe de la Casa Militar: el general de brigada José Luis Yofre reemplazó al teniente coronel Jean Pierre Claisse, que había quedado a cargo tras la salida -en diciembre y tras cuatro años en funciones junto a Cristina- de Agustín Rodríguez.

Si bien los últimos episodios reavivaron el tema y se realizaron varias reuniones para analizar la posibilidad de reforzar su seguridad, por ahora Macri se mantiene firme en su decisión de no perder su "vida normal". Por caso, en medio de la polémica, el sábado fue solo, sin custodia, a comprar helado en Villa La Angostura.

De todos modos, en el Gobierno confiaron a Clarín que el Ministerio de Seguridad ya trabaja en un proyecto para profesionalizar las custodias, no sólo del Presidente sino también de sus ministros, inspirado en el “Servicio Secreto” que protege al Presidente de EE.UU.

La iniciativa se comenzó a gestar meses atrás, luego de que, tal como revelara Clarín, varios funcionarios del Gobierno recibieran amenazas a partir de la decisión oficial de avanzar en la lucha contra el narcotráfico.