En una de las entradas de la empresa de Pepsico, sobre la calle Posadas al 1300, en Florida, Vicente López, 30 uniformados de la policía bonaerense custodiaban el inmueble. Habían pasado cinco horas del desalojo y en el techo todavía flameaba una "trapo" amarrillo que en letras negras decía: "Trabajadores de Pepsico en lucha". Pero ya no había trabajadores. La mayoría se habían ido a sus casas, después de denunciar "una brutal represión" en el operativo.

 

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La medida, ordenada por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty, había sido solicitada por el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi. El representante del Ministerio Público aseguró a LA NACION que están "probados los delitos de usurpación, daños y amenazas", pero que todavía no hay imputados.

Hubo, sí, tres demorados, que fueron trasladados a la comisaría 1° de San Fernando, pero durante el mediodía fueron liberados después de ser identificados. Ninguno de los tres eran empleados de Pepsico. "Uno era un trabajador de un automotriz, otro un desocupado y el restante un abogado. Fueron identificados porque estaban agitando [SIC] y así se decidió para evitar que el conflicto aumente", afirmó Larramendi.

La sospecha, según explicaron fuentes judiciales y policiales, es que uno de los demorados sería la persona que arrojó una piedra contra el personal policial y le provocó la fractura expuesta de tibia y peroné a la sargento Natalia Tapia Almeyda Natalia, perteneciente al grupo de la Infantería que participó del desalojo.Según el fiscal hubo otros 15 policías heridos.

"Los delitos de usurpación, daños y amenazas a los empresarios están probados. Además se había constatado la existencia de un riesgo ambiental por la potencial de la afectación del aire, el suelo y el agua", agregó Larramendi.

 

Qué decía el pedido de desalojo

 

En el dictamen donde el 5 de este mes pidió desalojo de la planta y al que tuvo acceso LA NACION, el representante del Ministerio Público sostuvo que "el despojo llevado a cabo se encuentra acreditado. La toma violenta, amén del resto de las probanzas, se encuentra complementada con las amenazas recibidas por el personal que continúa desarrollando tareas en la empresa.

Según el dictamen, Larramendi sostuvo que solicitó el desalojo "en atención al riesgo que conlleva la permanencia de los ocupantes. [el operativo] se lleve a cabo a la brevedad con la correspondiente habilitación horaria, toda vez que en horarios nocturnos es cuándo menos personas se encuentran en la planta".

En el operativo, según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo , participaron 300 policías y 180 gendarmes, estos últimos se encargaron de hacer un control de seguridad perimetral. El desalojo fue hecho por personal de la fuerza de seguridad bonaerense.

En una conferencia de prensa, Ritondo defendió la actuación de los uniformados que participaron del operativo. "Hemos cumplido una orden judicial de desalojo. La policía cumplió con el protocolo de seguridad. Los heridos son todos policías, entonces vemos de dónde viene la violencia. Se avisó por megáfono y la resistencia fue a los piedras y matafuegos arrojados desde 14 metros de altura. No queremos una Argentina violenta, pero sí el cumplimiento de la ley", dijo el funcionario provincial.