Los grupos especiales de la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires partieron hacia Ingeniero Budge casi a las cinco de la tarde de ayer. Entre el pelotón de hombres de infantería, del personal de la Delegación Avellaneda, de San Isidro y otros dos grupos de combate del Grupo de Asalto del Ge-1, que tenían órdenes claras de allanar las oficinas administrativas de la feria Punta Mogote, propiedad de Jorge Castillo, se encontraban efectivos de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA). No tenían por objetivo apagar un posible incendio, sino utilizar las amoladoras y sopletes que llevaban entre su bagaje para abrir las cajas de seguridad que se encontraban allí.

 

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El dato no era azaroso. Los ocho policías encubiertos que desde hacía siete meses se habían infiltrado en la organización como puesteros, feriantes y hasta acarreadores de mercadería, la mayor parte "trucha", ya las habían identificado y marcado en un mapa que a mano alzada le dibujaron al fiscal Sebastián Scalera.

El oficial de justicia fue muy claro. Dejar las sutilezas para las películas. No eran momentos para adivinar las combinaciones que el propio empresario se negó a facilitar horas antes, cuando era esposado en su lujosa mansión ubicada en la localidad bonaerense de Luján.

Estaba claro que los ánimos contra "El rey de La Salada" no eran los mejores. Recibió a los escopetazos a los uniformados que ingresaron a su finca y uno de ellos pelea por no perder un ojo a causa de una esquirla que impactó en su rostro.

El morrudo bombero de la PFA, amoladora en mano, demoró diez minutos en abrir una de las 11 cajas de seguridad que atesoraban unos $11.000.000 y USD 6.000. Casi, casi un vuelto, si se tiene en cuenta que solo Punta Mogote, por día mueve unos $300 millones, la mayor parte en negro y en efectivo.

El ensordecedor ruido de la hoja metálica con dientes de punta de diamante quedó registrado en las filmadoras de los policías que grabaron el procedimiento.

En total fueron solo tres las cajas fuertes violentadas, del resto, los "topos" de la federal y bonaerense tenían los números mágicos que pusieron al descubierto billetes y armas. También documentación, listados de nombres, clientes y supuesta contabilidad paralela que Castillo preservaba en 111 cajas con documentación.

Ahora serán los peritos los que deberán trabajar sobre los 35 kilos de papeles reunidos sólo en los allanamientos de anoche. En los 55 anteriores ya habían secuestrado biblioratos y carpetas con facturas.

Los investigadores infieren que allí están las pruebas que llevarán al fiscal a descubrir la evasión impositiva y el posible lavado de dinero que el Clan Castillo realizaría a través de sus 14 sociedades, buena parte de ellas a nombre de él pero también de su esposa Natalia Paola Luengo, la mujer que ya anticipó que quedará a cargo de los negocios del padre de sus hijos mientras éste siga detenido.

El fiscal Scalera tiene previsto indagarlo hoy. Ya tiene preparadas 120 preguntas, aunque, claro está, el hombre que se hizo millonario especulando con el derrumbe económico del país que se aproximaba durante el malogrado gobierno de la Alianza encabezado por el radical Fernando de la Rúa, puede negarse a declarar. Es su derecho constitucional.

El fiscal general adjunto de Lomas de Zamora tiene con la causa una relación casi personal. Iniciada en 2015, después de los cinco asesinatos mafiosos por la disputa territorial y de negocios turbios en La Salada (los de José "Lunchini" Zárate, Pablo "Bocón" Zárate, Gustavo "El cejudo" Mariano, Luis "Pinky" Rodríguez y Walter "El ruso" García), Scalera fue amenazado de muerte en tres oportunidades.

Acostumbrado a esas vicisitudes, no les dio mayor trascendencia hasta las 22:30 del 4 de mayo de 2016 cuando en el pico de la investigación contra el Clan Castillo, él y su esposa fueron secuestrados por cinco delincuentes armados y encapuchados.

Los raptaron en la localidad bonaerense de Parque Barón, y los liberaron, después que su madre pagara un rescate miserable, en Temperley, localidad que pertenece a Lomas de Zamora, igual que Budge, el lugar donde funciona La Salada.

Nunca encontraron a los delincuentes y el fiscal está convencido de que los matones solo querían amedrentarlo.

La causa desempolva los entramados mafiosos en el corazón del feudo del intendente Martín Insaurralde, un hombre del Frente para la Victoria, y que apoya explícitamente a la ex presidente en su posible postulación para las elecciones de medio término.

Según el fiscal Scalera, esa causa estuvo "pisada" mientras la Procuradora General era María del Carmen Falbo, una abogada que llegó a ese cargo de la mano del entonces gobernador Eduardo Duhalde.

Con el silencioso alejamiento de Falbo y su reemplazo por el prestigioso jurista Julio Conte Grand, el expediente dio un vuelco favorable. Fueron autorizadas más de cincuenta intervenciones telefónicas, pesquisas provinciales y nacionales y puestos a disposición funcionarios.

En el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri, se entusiasman no solo por la espectacular repercusión que obtuvo el golpe al corazón de la informalidad y venta clandestina (que según la CAME ronda en los $75 mil millones anuales), sino por lo que podría ocurrir si José Castillo declara en tribunales adónde iban los sobres con presuntas coimas que él mismo se ufanaba de repartir.

Está claro que sin protección política, policial y judicial el "emblema mundial del comercio ilegal y la feria de mercadería falsificada más grande del planeta", según la definición que le dio la Unión Europea, no podía funcionar.

De allí, especulan en el gobierno provincial, salía dinero fresco y en efectivo para sostener parte de las campañas de Insaurralde y del ex gobernador Daniel Scioli. Quizás por eso, el silencio de uno y otro de las últimas horas cuando se los llamó para conocer sus opiniones.

De todas maneras, y esto corre por quien escribe estas líneas, políticos, dirigentes, funcionarios, jueces y fiscales, se frotaban las manos más de un año atrás cuando creían que los barrotes del penal federal de Ezeiza serían suficiente para que el empresario patagónico Lázaro Báez, o José López, el hombre con los bolsos millonarios en dólares del convento de General Rodríguez, rompan la ley de Omertá, ese código de honor de la mafia siciliana que prohibía a los mafiosos hablar sobre las actividades delictivas de otros, y esto no ocurrió.

¿Ocurrirá ahora? Las próximas horas serán claves para conocer la próxima jugada de ajedrez de José Castillo, un hombre que se inició como un humilde zapatero, y se transformó en un millonario.