En público, silencio. Y ante la justicia federal, respuestas con cuentagotas y a paso cansino. El gobierno de Formosa evitó durante las últimas semanas dar detalles sobre la millonaria contratación del fondo The Old Fund para un supuesto asesoramiento en el canje de la deuda que mantenía con el fisco nacional, según indicaron ayer fuentes de los tribunales de Comodoro Py.

 

 

La reticencia del gobierno de Gildo Insfrán quedó expuesta en las respuestas a los oficios que el juez federal Sebastián Casanello envió a la provincia con órdenes de presentar todos los documentos vinculados a la contratación de The Old Fund con la advertencia de que se ordenaría el allanamiento de las oficinas públicas que no acataran esos pedidos.

 

"Están dando vueltas con las respuestas a los oficios", indicó una fuente judicial, que recordó que desde la provincia se buscó bloquear la intervención de la justicia federal hasta que la Cámara Nacional de Casación Penal indicó que Casanello podía continuar con su pesquisa.

 

"Con lo que debieron entregar las autoridades formoseñas ya hay cosas que resultan inexplicables o plantean argumentos que son fáciles de contrarrestar", indicó una segunda fuente en Comodoro Py, donde se sospecha que los millones que cobró The Old Fund podrían ocultar el supuesto pago de una coima a Boudou y sus colaboradores.

 

Según el gobierno de Insfrán, contrataron a The Old Fund para que los asesorara en el canje de la deuda provincial. Pero la firma liderada por Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, carecía de experiencia previa en consultoría financiera o reestructuraciones, al punto de que la firma emitió su primera factura válida -la A0003, ya que las dos anteriores fueron anuladas- por los $ 7,6 millones que cobró de honorarios a fines de mayo de 2010.

 

Sólo unos días después, el 3 de junio de ese año, además, Vandenbroele transfirió el 30% de ese monto -unos $ 2,2 millones- a la firma Estrategias de Imagen y Comunicación SA, que controla Martín Cortés, un conocido operador de Insfrán que durante los últimos años también se convirtió en accionista, director y presidente del Banco de Formosa.

 

Para los investigadores judiciales, esos $ 2,2 millones podrían encarnar el "retorno del retorno". Es decir, la tajada que les correspondería a las autoridades formoseñas en el pago de la supuesta coima pactada con funcionarios nacionales.

 

El vínculo entre Cortés y The Old Fund es tan fuerte que sus sociedades comerciales comparten el mismo domicilio en el séptimo piso del edificio de la calle Manuela Sáenz 323, en Puerto Madero. Tanto Vandenbroele como Cortés declararon ya ante el juez Ariel Lijo. Pero dieron diferentes explicaciones sobre la transferencia de $ 2,2 millones. El primero afirmó en diciembre de 2012 que había contratado expertos y la transferencia correspondió al pago de honorarios; Cortés dijo que le vendió a The Old Fund estudios de opinión pública sobre temas de inflación en el país.

 

Sin embargo, el senador por la UCR Luis Naidenoff no apuntó contra ellos cuando se presentó ante Casanello. Tras radicar una denuncia penal que paralizó "de hecho" la justicia formoseña, solicitó en el fuero federal que citara declarar a Insfrán y a tres colaboradores: la entonces ministra de Economía provincial -hoy diputada nacional- Inés Lotto de Vicchietti; el signatario del convenio entre Formosa y la Nación, Walter César Rodas, y el titular del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), Jorge Ubaldo Melchor, de donde salieron los $ 7,6 millones para The Old Fund y Cortés.