La ministra de Gobierno, Rosario Romero, valoró el proyecto de reforma electoral que el Ejecutivo presentó ante el Senado y lo definió como “un código electoral que condensa normas que estaban dispersas en una sola normativa provincial y que propone la derogación de la vieja ley 2.988 y de la ley Castrillón más sus dos modificatorias”.

 

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Dijo que “lo que se pretende en este código electoral es condensar todos las aspectos normativos vinculados al modo en que la ciudadanía entrerriana selecciona a sus candidatos cada cuatro años” y afirmó que “la expectativa en general del gobernador Gustavo Bordet es que la norma esté debatida, enriquecida y sancionada en los próximos meses, es decir a mediados de año”.Adelantó que los diputados de Cambiemos “propondrán incorporar un capítulo sobre financiamiento de campañas” y opinó que “este sistema fortalece la democracia, fortalece la libertad del elector y fortalece a los partidos políticos porque obliga a los partidos a combinar aspectos que son inherentes a la voluntad del ciudadano y a lo que aspira la sociedad”.Sobre los dichos de Kneeteman.Respecto de las dudas que planteó el diputado Sergio Kneeteman sobre la posibilidad de que la interna justicialista “haga naufragar” el tratamiento de la norma, la ministra consideró que “todos vamos a pensar un poco más allá de nuestros procesos internos”. En otro orden de temas, rechazó las denuncias que realizó la Multisectorial de Derechos Humanos contra “el accionar represivo, arbitrario y violento” de la policía provincial y aseguró que “hay tolerancia cero hacia todo tipo de maltrato y no hay ningún tipo de sostenimiento estatal a este tipo de prácticas”.Trabajo en perspectiva-Romero señaló que en el proyecto de reforma “se trabajó de la mano de un equipo con opiniones, correcciones, debatiendo los distintos aspectos y finalmente terminó siendo un código electoral porque se están condensando normas que estaban dispersas en una sola normativa provincial y se propone la derogación de la vieja ley 2.988 y de la ley Castrillón más sus dos modificatorias”.“Lo que se pretende en este código electoral es condensar todos las aspectos normativos vinculados al modo en que la ciudadanía entrerriana selecciona a sus candidatos cada cuatro años”, resumió.Sobre las perspectivas de lograr su aprobación, la ministra sostuvo que “la expectativa en general del gobernador es que la norma esté debatida, enriquecida y sancionada en los próximos meses, es decir a mediados de año, porque en realidad todo cambio del sistema requiere una preparación y un trabajo posterior a nivel publicidad, escuelas, redes, capacitación de autoridades electorales”.Tiempo de debate“-Lo ideal sería a mediados de año, al gobernador no le gusta poner un pre o post Mundial porque sostiene que el mundial no altera la vida y hay que seguir trabajando, pero en realidad el Poder Legislativo tiene varios meses para debatir una norma de 190 artículos, en la cual están condensados aspectos normativos que ya existen en la provincia y otros innovadores como la participación de minorías, aspectos vinculados a las campañas”.Adelantó que “sin duda habrá propuestas de algunos legisladores –porque nos lo han hecho saber- para insertar un capítulo sobre financiamiento de campañas que el gobernador prefirió no insertarlo porque sabíamos que habría una propuesta que enriquecerá el proyecto en ese sentido”. “El proyecto propuesto tiene una lógica interna, es un sistema que admite ser enriquecido en el debate legislativo y sin dudas será así”, vaticinó.Consultada por los puntos de conflicto que podrían generar una dificultad para su aprobación, Romero aseguró: “De todas las conversaciones que tuve no recuerdo ninguna objeción al sistema en sí, al sistema electoral de boleta única papel, ni al sistema que contempla minorías ni la forma de seleccionar candidatos, excepto alguna nota periodística de alguien que planteó la inconstitucionalidad”.Respecto de ese punto, se manifestó “dispuesta a debatir” por considerar que “este sistema fortalece la democracia, fortalece la libertad del elector y fortalece a los partidos políticos porque obliga a los partidos a combinar aspectos que son inherentes