Antes de confirmarse la prórroga de la prisión preventiva que se extendió por 60 días, Facundo Bressan prestó declaración indagatoria y se desligó del crimen de Priscila. También denunció apremios y dijo sentirse amenazado.

 

 

El juez de Apelaciones Alejandro Grippo rechazó ayer al mediodía el recurso de apelación que interpuso la defensa de Facundo Bressan, el único imputado hasta ahora por el homicidio de Priscila Hartman, y confirmó así la prórroga de la prisión preventiva por 60 días que dispuso la Jueza de Garantías N° 1 Marina Barbagelata en la audiencia que se realizó el lunes 2 de febrero. 

 

La defensa del imputado, a cargo en esta audiencia sólo de Miguel Ángel Cullen, reiteró los argumentos que enarbolaron en las dos audiencias anteriores contra la medida cautelar; en tanto que los acusadores insistieron en que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación continúan vigentes, por lo que pidieron la confirmación del encierro del imputado hasta que se realice el debate oral y público. 

 

A las 8.30, Bressan prestó declaración indagatoria tras los nuevos cargos que se le formularon por violación y robo. Fuentes judiciales precisaron a El Diario que el imputado no respondió preguntas y reconoció que la noche del hecho estuvo con la joven Hartman antes de que desapareciera. Precisó que se trató de un segundo encuentro del que no dijo si tuvieron relaciones sexuales, tras el cual la joven se retiró hacia el cumpleaños de una amiga. Así, Bressan manifestó que después de que la joven se retirara, se fue a una plaza donde se encontró con un amigo de apellido Rivas. Allí, se les acercaron dos personas que no identificó, quienes le ofrecieron un casco y un celular, elementos que compró sin saber su procedencia. Tras esta escueta manifestación no se refirió más a la causa y denunció que personal de Investigaciones lo amenazó de muerte. También dijo que sufrió apremios en la primera dependencia policial en la que estuvo detenido antes de ser trasladado a Alcaldía de Tribunales. 

 

Cullen insistió en que la prisión preventiva que pesa sobre Bressan viola garantías constitucionales y cuestionó la resolución de Barbagelata porque entendió que “no estaba debidamente fundamentada” y añadió que “conculca derechos constitucionales, como el de ser tratado como inocente hasta que una sentencia determine su cabal responsabilidad en el hecho”. Cullen reiteró que Bressan “es inocente por imperio constitucional” y destacó que la etapa que atraviesa actualmente la causa “no es el juicio oral y público sino la Investigación Penal Preparatoria (IPP)”. También desafió que “se debe probar que Bressan en caso de recuperar la libertad pretenda profugarse o entorpecer la investigación. Esto nunca fue probado, ni siquiera debidamente alegado”, cuestionó. El defensor pidió que se deje sin efecto la prisión preventiva y se disponga la inmediata libertad de su defendido y reiteró el pedido de sustituir la medida cautelar por una menos grave, como el arresto domiciliario. Finalmente, de no ser acogidos sus pedidos, hizo expresa reserva de recurrir el fallo y de acudir a los estrados federales. 

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, en la figura de Juan Malvasio y Álvaro Piérola, y la querella particular, a cargo de Marcos Rodríguez Allende, sostuvieron que la decisión de la jueza de Garantías es una medida razonable, fundamentada, firme y completa, y en ese sentido valoraron que permite asegurar la realización del juicio, del que adelantaron que podría celebrarse a principios del mes de abril, en virtud de que aseguraron que en tres meses tienen lista la causa para dirimirla en debate, para lo que en los próximos días pedirán a la Oficina de Gestión de Audiencias la elevación a juicio oral y público. Los fiscales reiteraron su pedido de que Bressan continúe privado de la libertad hasta la realización del plenario porque entendieron que los riesgos procesales existen. 

El querellante en representación de la madre de Priscila Hartman sostuvo que junto al Ministerio Público Fiscal “no queremos que se entorpezca es el juicio, donde se va a producir prueba y van a declarar muchos testigos. Eso es lo que puede entorpecer Bressán en libertad. Por eso, la prórroga es proporcional y para nada arbitraria”, entendió Rodríguez Allende. 

 

Grippo recordó que la audiencia se realizó para discutir la prórroga de la prisión preventiva y no la medida en sí misma. También recordó que los motivos por los que la medida fue dictada por la jueza de Garantías, y ratificados por él mismo y por la Cámara de Casación, luego de sendos recursos presentados por la defensa, no variaron en esta audiencia. Tras reconocer “el denodado esfuerzo del celoso defensor” entendió que “los argumentos vertidos en esta audiencia no debilitan en lo más mínimo los fundamentos dados por los distintos profesionales al tratar el tema de la prisión preventiva, por el contrario, lo sostenido por la parte acusadora complica aún más la procedencia de la prisión preventiva y su prórroga”. Grippo también entendió que la prórroga que resolvió Barbagelata no conculca garantías y derechos constitucionales, como así tampoco el estado de inocencia de Bressan. El juez explicó que la audiencia se realizó para analizar “la procedencia y razonabilidad de la prórroga de la prisión preventiva y no la prisión preventiva en sí”. 

El juez consideró necesario aclarar que “no se advierte que haya habido prejuzgamiento de culpabilidad tal como fue invocado por la defensa por parte de la jueza de Garantías” y señaló que la decisión se basó en la exigencia del Código Procesal de la existencia de elementos de convicción de la participación del imputado en el hecho “como primer requisito para dictar la medida cautelar”. También dijo que no compartía con la defensa que la presunción de fuga “no debe analizarse a través del prisma del monto de la pena en expectativa que prevé la figura delictiva que se le atribuye al imputado” y añadió que “en el caso que nos ocupa es la prisión perpetua”. 

En cuando al riesgo de entorpecimiento de la investigación, consideró que ya fue analizado cuando se dictó la medida cautelar por todos los órganos jurisdiccionales que tomaron parte en la cuestión, y añadió que “se mantiene al día de hoy”. 

Grippo sostuvo que la prórroga dictada por Barbagelata se “encuentra fundada tácticamente y jurídicamente” y entendió que también quedó fundado el rechazo al arresto domiciliario porque “no garantiza que se disipen los riesgos que ya se han generado” y consideró inuficiente la caución real que propuso la defensa para evitar el riesgo procesal. 

 

Bressan, de 19 años, fue detenido acusado por el homicidio de Priscila Hartman, de 22, cuyo cadáver fue hallado el domingo 26 de octubre último en un descampado de la zona de San Benito, luego de una intensa búsqueda policial que se inició el viernes 24, cuando la familia denunció que la chica salió de su casa la noche anterior y no regresó a su domicilio. 

 

 

Rodríguez Allende se refirió a la declaración de Bressan y evaluó que “a todas luces la defensa material del imputado es inconsistente e inverosímil. La única verdad que dice y que no puede desmentir por los patrones genéticos obtenidos es que fue la última persona que estuvo con Priscila con vida”. El querellante consideró “mendaz” la versión de cumpleaños porque “amigas de la víctima declararon que no hubo ningún cumpleaños esa noche”. También recordó que “no se justifica que haya ofrecido los elementos personales y la moto de Priscila a la venta; y sobre todo no puede explicar cómo llegó la ropa de Priscila al fondo del galpón de la familia Bressan, donde estuvo la joven”. 

Rodríguez Allende adelantó que pondrá en conocimiento del Procurador General y realizará la correspondiente presentación ante Fiscalía, por los conceptos amenazadores que contra él y su familia se vierten en un portal denominado Facundo Bressan inocente. El letrado opinó que “tales expresiones entorpecen mi rol como acusador” y adelantó que “se van a poner todos los medios pertinentes para saber quiénes son las personas que realizan estos actos que serán investigados por otros fiscales”.