La ex Madre Superiora está acusada por privación ilegítima de la libertad-

 

Seguir Leyendo
El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, envió en la tarde del lunes el pedido de elevación a juicio de la causa que investiga la privación ilegítima de la libertad en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que se conoció tras una investigación periodística de la revista ANALISIS en el 2016. “Ahora se espera que se cumplan los términos legales para que el juez notifique a la defensa y convoque a audiencia para tratar la remisión”, confirmó. La única imputada en la causa es quien se desempeñaba como Madre Superiora del Carmelo, Luisa Toledo -conocida en la congregación como María Isabel de la Santísima Trinidad-, que tras ser separada de su cargo fue trasladada y en este momento se encuentra en una congregación de Buenos Aires y en tratamiento médico. Entre los citados a declarar se encuentra el arzobispo de Paraná, monseñor Alberto Puiggari, ya que “la idea es que comparezcan las personas que pudieron haber tomado conocimiento de los padecimientos de las dos víctimas”, confirmó. Al respecto, el fiscal explicitó que de la investigación "surge que no es ajeno a la situación, porque muchos familiares de las víctimas le hacían llegar las inquietudes que tenían sobre el manejo del convento, y además las mismas reglas y constituciones le fijan la responsabilidad de ser una suerte de preceptor del convento, y es de interés saber hasta cuánto supo y cuánto omitió”. También deberán comparecer como testigos “cuatro o cinco eclesiásticos, personas allegadas a las víctimas y las dos víctimas propiamente dichas”, así como la actual priora del convento, Itatí de María Reina Inmaculada, quien fue designada directamente por el Vaticano.Las torturas del convento. Con ese título, la revista ANÁLISIS sacó a la luz uno de los casos que sacudió a la sociedad argentina y tuvo amplia repercusión internacional: la investigación que puso sobre el tapete los maltratos que sucedían al interior del claustro de monjas de Nogoyá. El trabajo de Daniel Enz fue premiado en el país y el exterior, donde recibió menciones de honor al periodismo de investigación. Ahora la causa avanza en la justicia y el fiscal solicitó su remisión a juicio.En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Uriburu confirmó que “ayer se envió el escrito de pedido de remisión a juicio y estamos a la espera de los que se cumplan los términos legales para que el juez notifique a la defensa y convoque a audiencia para tratar la remisión”.En cuanto a lo que será el proceso de debate, mencionó que “la idea es que comparezcan las personas que pudieron haber tomado conocimiento de los padecimientos de las dos víctimas y en ese contexto dentro del reglamento interno del Carmelo, uno de los testigos que pido citar es a monseñor Puiggari, además de una lista de cuatro o cinco eclesiásticos, personas allegadas a las víctimas y las víctimas propiamente dichas”.La causa es por privación ilegítima de la libertad agravada y tiene como única imputada a Luisa Ester Toledo, conocida en el convento como María Isabel de la Santísima Trinidad, quien era la Madre Superiora del Carmelo. “A la hora de imputar el hecho se considera que se agrava porque las dos privaciones que cometió duraron más de un mes: en un caso por aproximadamente seis años y en el otro un año y medio; y la otra circunstancia que agrava la figura es que se cometió la privación de libertad con violencia, porque enviaba a las personas a que se auto flagelen y ejerzan violencia contra sí mismas pero en exceso de lo que mandan las reglas del Carmelo. Es decir que estaba abusando de su autoridad”, especificó.Precisó además que “por el momento la única imputada es la ex superiora Luis Ester Toledo aunque habrá que ver lo que sale del eventual juicio que se realice”. “Es ella sola porque dentro del Carmelo hay ciertas cuestiones a tener en cuenta como el deber de obediencia y el deber del silencio para lo cual las hermanas hacen un voto solemne, y ella se valía de eso y de la fe de las otras hermanas para obligarlas a obedecer. No surge que haya una autoría mediata o que haya alguna otra persona que haya colaborado en términos de participación penal”, aclaró.Agregó que “las carmelitas citadas como testigos son las dos víctimas y también se propone a la actual Madre Superiora que es una joven electa directamente por el Vaticano y que ocupa ese lugar desde agosto de 2016 hasta hoy”. Se trata de Itatí de María Reina Inmaculada, “una joven que no tenía ninguna autoridad dentro del convento y que fue designada como priora por el Vaticano, y casualmente es hija de una señora que en el 2016, antes de la publicación de ANALISIS, había estado tratando de que alguien la escuche y en su estado de desesperación y preocupación por su hija mandó una carta al Vaticano pidiendo que tome cartas en el asunto”.Respecto de la citación de esta joven como testigo, comentó que “es una hermana que está hace aproximadamente 20 años en el Carmelo y considero que puede aportar muchos datos respecto a lo que era el Carmelo antes y lo que es ahora”.En ese sentido, el fiscal sostuvo que “de acuerdo a testimonios de familiares y de las mismas hermanas” el convento “ha cambiado totalmente su forma de vida” y puntualizó que “las visitas ya no son supervisadas por una religiosa “escucha” y pueden tener encuentros privados con sus familiares, han abierto el Carmelo para que se queden familiares con necesidad de atención médica para que las mismas internas los cuiden, y es muy significativo que sacaron todo el chapón que tapaba el frente del Carmelo y ahora se puede ver todo el jardín que mantienen diariamente las hermanas”.Sobre la imputada, dijo que “la última información es que Toledo está en una congregación de Buenos Aires donde está en tratamiento médico por una enfermedad preexistente que padece desde hace unos seis años” y explicó que su comparecencia en el juicio “dependerá de la gravedad o de su estado al momento de realizarse el juicio”. “Desconozco si puede deambular o no, pero son situaciones que se tendrán en cuenta y pueden llegar a influir en caso de verificarse algun impedimento para asistir al juicio de parte de ella”, afirmó.Explicó que ante esa situación “el juicio en rebeldía en lo penal no está previsto, está prohibido, y el imputado tiene que estar en el juicio por lo menos al inicio, luego puede ausentarse siempre que estén sus defensores, pero todo esto dependerá del criterio que tenga el tribunal que oportunamente juzgue si pasamos esta etapa intermedia de remisión a juicio”.También señaló que “en principio, el delito prevé un juicio oral y público pero quizás por los motivos que se expongan dentro o cuestiones de las víctimas quizás haya un pedimento especial para que sea a puertas cerradas o de acceso restringido, pero todo lo decidirá el tribunal que gobierne el juicio, el cual estará conformado por los vocales de Gualeguay, dependiendo del sorteo que se realice al momento que llegue la causa”.Consultado por presiones de Toledo hacia las víctimas o los posibles testigos, que hubiera detectado en el transcurso de la investigación, Uriburu confirmó que “en el caso de las dos personas que salieron del Carmelo recibieron llamados posteriores de la hermana superiora para que se reintegren a la comunidad en tono amenazante y algunas sufrieron tratamientos médicos o psicológicos dispuestos por la superiora, con gente elegida por la superiora, con lo cual aparentemente la madre superiora tomaba conocimiento directo de lo que sucedía en el tratamiento y es probable que hubiera alguna violación del secreto profesional aunque no surge con claridad para investigar estos hechos aparte, lo cual no quita que se haga en algún momento”.En relación con la intervención de Puiggari en el proceso, el fiscal explicitó que “en la investigación no se le hicieron preguntas al arzobispo pero sí considero interesante tenerlo en cuenta para el juicio, ya que surge que no es ajeno a la situación, porque –de acuerdo a los testimonios- muchos familiares de las víctimas le hacían llegar las inquietudes que tenían sobre el manejo del convento, y además las mismas reglas y constituciones desde el año ´90 le fijan la responsabilidad de ser una suerte de preceptor del convento por lo tanto él tenía esa responsabilidad de acuerdo a esas reglamentaciones y es de interés saber hasta cuánto supo y cuánto omitió”.