Dos demandas civiles entabladas por los padres de Walter Maulucci, el motociclista fallecido en un accidente sobre la ruta internacional 136 en agosto 2009 cuando impactó violentamente sobre un semirremolque y que motivó que fueran juzgados los asambleístas de Gualeguaychú, Miguel Pérez y Miguel González, no registraron mayores avances en la Justicia por diferentes razones. Una de las demandas había sido promovida, en 2014, por Tomasa Gómez -madre del desafortunado conductor- y se tramita ante el Juzgado Federal N °2 de Concepción del Uruguay contra los asambleístas  María Alicia Rivero, Enrique Reichel,  Eduardo Etchegoyen, Miguel Pérez y Miguel González. 

 

 

La mujer reclama una indemnización por daños por un monto que actualmente estaría superando los 800.000 pesos y que también alcanza al Estado Nacional como responsable del cuidado de la ruta binacional que une las localidades de Gualeguaychú y Fray Bentos.  

 

Esta acción no logró prosperar porque la Justicia no ha podido notificar a Enrique Reichel, uno de los asambleístas que habitualmente participa de los cortes de ruta en Arroyo Verde y que estuvo imputado y luego sobreseído en la causa penal por el fallecimiento de Maulucci, que fuera resuelta en mayo de 2015 por el Tribunal Oral Federal de Paraná. “La falta de mérito se dicta ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay”, recordó el abogado de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú. 

En rigor, el juicio todavía no se ha abierto a prueba y además está pendiente que se le corra el traslado de la demanda a Enrique Reichel. La otra demanda fue iniciada por  Osvaldo Maulucci, padre de la víctima, contra la Asamblea Ambiental y se encuentra radicada en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Seguramente han optado por seguirla en Buenos Aires contra el Estado Nacional y no contra los asambleístas”, manifestó el abogado. 

 

Según el letrado, a Enrique Reichel se lo intentó notificar en varias oportunidades y en diferentes localidades donde residió en Entre Ríos, pero nunca fue posible cumplir con el trámite. De no prosperar esta vía, Leissa aseguró que lo más probable es que “quede parado y se lo tenga que notificar a través de un edicto”, aunque advirtió: “Para los abogados del Estado la citación por edicto es un inconveniente y son ellos los que han impulsado la citación”. Cabe recordar que el militante ambiental había sido citado para declarar en el debate donde se juzgó a sus pares Miguel Gónzalez y Miguel Pérez, pero tampoco pudo ser notificado de tal obligación.