La represa está calculada para evacuar 95 mil metros cúbicos por segundo, de los cuales 55 mil m3 pueden evacuarse por el vertedero principal y 40 mil m3 por el vertedero Añá Cuá. Corrientes reclama a la EBY el cambio en los protocolos que implican siempre mayores perjuicios para las localidades de Corrientes ubicadas aguas debajo de la represa. 

 

 

“Pedimos la máxima apertura del brazo Añacuá pero nos responden que eso perjudicaría a parte de Ayolas en Paraguay”, señaló el Ministro de Obras Públicas y cuestionó: “Y qué pasa con los 2 mil isleños de Apipé y de las comunas costeras de Corrientes”. Reclamó acción a los representantes argentinos y correntinos.

 

 

 

 

 

El Gobierno Provincial insistió hoy en el reclamo a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para que instrumente cambios urgentes en los protocolos de evacuación de la represa, con el objeto de minimizar el impacto negativo que genera una creciente como la que se vive actualmente con graves perjuicios para las localidades correntinas ubicadas aguas abajo de la misma, fundamentalmente San Antonio Apipé.

 

 

 

La carta documento enviada a Oscar Alfredo Thomas, director Ejecutivo de Yacyretá solicita puntualmente efectuar la máxima apertura del vertedero del brazo Añacuá y minimizar la apertura del vertedero del brazo principal, a fin de evacuar el caudal excedente, extremando las medidas para reducir los daños que pudieran suceder.

 

 

 

De acuerdo a lo indicado en el documento, dicho trabajo sugerido permitirá proteger a la localidad de San Antonio de la Isla Apipé, donde serían afectados alrededor de dos mil pobladores.

 

 

 

“La represa de Yacyretá está calculada para evacuar 95 mil metros cúbicos por segundo, de los cuales 55 mil metros cúbicos pueden evacuarse por el vertedero principal y 40 mil por el vertedero Añá Cuá”, explicó hoy al respecto Aníbal Godoy, ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes.

 

 

 

“Lo que se pedimos es que la apertura del vertedero Añá Cuá sea lo máximo posible y disminuir así lo que se cuela en el vertedero principal a los efectos de que el caudal sea menor ; considerando que el daño que produce la apertura del vertedero principal afecta siempre de forma directa a Puerto San Antonio y al pueblo de Apipé”, puntualizó el funcionario correntino.

 

 

 

“En la crecida anterior evacuaron 25 mil metros cúbicos por el vertedero principal y nada más que 8 mil metros cúbicos por el vertedero de Añá Cuá”, recordó e insistió: “Lo que pedimos es que se revierta la postura del manejo de las compuertas a los efectos de minimizar las pérdidas y perjuicios en la isla Apipé, sobre todo en las defensas del Puerto San Antonio”.

 

 

 

“Desde la EBY plantean que eso perjudicaría a la localidad de Ayolas y que habría evacuados en Paraguay, pero nosotros tenemos 2 mil pobladores correntinos que se perjudican siempre del lado argentino en la isla Apipé”, cuestionó. “La secuencia de la apertura de las compuertas tiene que ser al revés: Añá Cuá primero y segundo el vertedero principal para no afectar el rendimiento de las turbinas”, señaló.

 

 

 

Godoy remarcó la necesidad de que las autoridades de Yacyretá, pero fundamentalmente los representantes argentinos y correntinos entiendan “el perjuicio que ocasiona el mecanismo que instrumentan”. El Ministro recordó por caso la creciente anterior que afectó notablemente las defensas de Puerto San Antonio y “hasta hoy la EBY no ha repuesto el daño producido”.

 

 

 

Cabe recordar que tras la crecida del año pasado, técnicos de la Entidad recorrieron la Isla y comprometieron realizar los proyectos para la construcción de las defensas, cuestión sobre la que se registró cero avance. 

 

 

 

“San Antonio está muy expuesto porque está en la salida de los vertederos, los árboles añosos que están en la costa directamente fueron erosionados de cuajo, golpeados por la corriente; eso lo que se trata de minimizar, que abran más el vertedero de Añá Cuá que está lejos y no está frente a ninguna población”, insistió.

 

 

 

Por último, el funcionario provincial reclamó considerar además, los graves perjuicios económicos que se producirían, de no adoptarse medidas urgentes y eficaces para evitar o cuanto menos paliar los efectos nocivos de la crecida hídrica.