El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, presentó hoy una recomendación dirigida al gobernador Domingo Peppo, solicitando que no se realice la Audiencia Pública que tratará el cuadro tarifario correspondiente al transporte público de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Resistencia bajo las jurisdicciones del gobierno de la Provincia y del municipio.

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Corregido sostiene que la audiencia no se debe realizar por la insuficiencia de información, el cambio de metodología y la realización de un nuevo estudio de costos que sea representativo del sistema de transporte público de pasajeros del área metropolitana.El análisis realizado a la documental con la que se pretende sostener el aumento de la tarifa del transporte público – elevando el costo del pasaje de los $ 8,54 que actualmente se abona a $ 11, 50 – adolece de deficiencias. Esto deriva en que la tarifa calculada por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia del Chaco conjuntamente con la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Resistencia para el precio del boleto del 2018 excede las necesidades del sistema de transporte público.El cálculo técnico que realizó la la Subsecretaría de Transporte de la Provincia  sostiene que el sistema necesita de $ 35,06374 por kilómetro para funcionar y que en el período de febrero 2017/enero 2018 las empresas tuvieron $ 30,45978 por kilómetro en concepto de ingresos por subsidios y tarifa a $ 8,54 por pasajero. Esto implica que sólo se necesitan $ 4,60396 por cada kilómetro para cubrir la diferencia entre el costo a la tarifa actual y el que se consigna como necesario.En consecuencia, el incremento que cada pasajero debería abonar es de $ 2,35 más respecto del costo actual de $ 8,54, por lo cual el costo final deberá ser de $ 10,89 por pasajero y no los $ 11,50 erróneamente calculados por las Subsecretarías.Sobre esto, el defensor del Pueblo recordó que en numerosas oportunidades recomendó a los gobiernos atenerse a la metodología de costos que sugiere la Resolución 37/13 de la Secretaría de Transporte de la Nación. Y resaltó que en dos oportunidades el organismo que dirige envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley sobre los estudios de costos que contemplaba unificar la metodología de cálculo.“Es necesaria la aprobación de esa ley para darle transparencia. Estas incongruencias que detectamos en los cálculos confirman que no estábamos equivocados porque el estudio que se hace más allá del error que arroja el balance entre ingresos y costos del servicio de transporte público, resulta perjudicial para los usuarios del servicio”, indicó.En relación a esto apuntó que la ausencia de documental que respalde la totalidad de los rubros que determinan el costo por kilómetro del servicio de Transporte Público y las distorsiones conceptuales en la metodología de cálculo permiten a la Defensoría indicar que el Costo por kilómetro de $ 35,06473 calculado por los organismos estatales podría descender  $ 5,68989 por kilómetro, dando como resultado que el Costo por kilómetro sería de $ 29,37385. Estos números son en base al criterio metodológico de la Resolución 37/13 mencionada.“Si este valor del Costo por kilómetro de $ 29,37385  lo comparamos con los ingresos por tarifa y subsidios – $/km  30,45978, vemos que existe un saldo a favor de los empresarios, lo que indica que aún sin ningún aumento en la tarifa, el servicio sería sustentable”, precisó.“Cualquier argumento que pretenda sostener que no podrán pagarse los sueldos de los choferes o que el servicio debería reducirse si no se aumenta el costo del pasaje, es absolutamente insostenible. Desde ya, la participación de la Defensoría del Pueblo aportará los elementos de convicción que sostienen la decisión de solicitar que se deje sin efecto esta audiencia pública y en caso de ser necesario se tomarán las medidas judiciales que correspondan”, concluyó.