Once imputados Oficiales del Ejército y de la Policía del Chaco serán juzgados por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Centro Clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones de Resistencia.

 

 

El Presidente del Tribunal Oral Federal de Resistencia Eduardo Ariel Belforte convocó a Audiencia Preliminar para el próximo 8 de marzo de conformidad con lo propuesto por la Acordada N° 1/12  de la Cámara Federal de Casación Penal y a fin de convenir con las partes cuestiones operativas relacionadas a la admisión de las pruebas ofrecidas y a la organización del debate

 

Para este debate Oral el Tribunal estará constituido por los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), Luis González (de Corrientes) y Mario Alurralde (de Reconquista) , por su parte actuara la Defensoría Oficial en cabeza del Dr. Manuel Costilla , La Fiscalía Federal representada por los Doctores Carlos Amad , Patricio Sabadini y Diego Vigay y las Querellas en representación de la Secretaria de DD HH de la Nación Dr. Mario Bosch  y de la Secretaria de DD HH de Provincia Juan Carlos Goya representado por Paulo Pereyra .

 

Las partes previamente habían examinado las actuaciones, ofrecido pruebas - entre ellas unos 40 testigos-  y no interpusieron ningún tipo de recusaciones.

 

LOS 11 IMPUTADOS

 

Once militares y policías del Chaco  comenzar a ser juzgados en la provincia del Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el marco de la causa conocida como Caballero II , acusados por los delitos de Tormentos, Privación Ilegitima de la Libertad (Desaparicion Forzada de Personas) y  Violación cometidos en el centro clandestino de detención de la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia.

 

Entre los oficiales del Ejército se encuentran el capitán Tadeo Bettoli y el teniente Luis Alberto Patetta. Los miembros de la Policía provincial y oficiales de la Dirección de Investigaciones que están en el juicio  son el comisario Ramón Esteban Meza; el sargento Gabino Manader; el oficial principal Francisco Rodríguez Valiente y los agentes Enzo Breard, Héctor Rubén Roldán, José Marín, Albino Luis Borda, Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo.

 

LAS VÍCTIMAS

 

Los represores serán juzgados por delitos cometidos contra el matrimonio compuesto por Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, militantes de las Ligas Agrarias de la zona de Goya (Corrientes) y vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

 

Ambos se encuentran desaparecidos y fueron vistos por última vez en la ex Brigada de Investigaciones a mediados del año 1977, en estado de salud precario como consecuencia de los tormentos sufridos en el ex centro clandestino de detención ubicado en pleno centro de la ciudad de Resistencia.

 

Asimismo se juzgarán la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por tres militantes de la Juventud Peronista -detenidos en abril de 1976-y de otros tres estudiantes universitarios que pertenecían a la  Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Arquitectura -secuestrados en noviembre 1976- y también el de un pequeño productor integrante de las Ligas Agrarias del Chaco.

 

En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del ejército y con participación del grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones y sufrieron todo tipo de tormentos en el centro clandestino de la ex Brigada de Investigaciones.

 

También será la primera oportunidad en que se juzgue en el Chaco; una violación contra uno de los detenidos políticos, incorporándose así la violencia sexual como parte de la sistemática del Terrorismo de estado y por lo tanto como delito de lesa humanidad.

 

CENTRO CLANDESTINO BRIGADA DE INVESTIGACIONES

 

El  Centro Clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones - donde actualmente funciona La Casa por la Memoria- fue el principal Centro de detencion, tortura y exterminio de detenidos políticos de todo el nordeste.

 

Era el primer lugar de paso y de padecimiento de interrogatorios bajo torturas, de la inmensa mayoría de los detenidos políticos del Chaco e incluso de provincias vecinas, para luego ser trasladados a la Alcaldía, a la U7,  al Regimiento de La Liguria o ser el destino final como el caso de los Matrimonio Morel-Ayala, Lauroni-Almiron, José Oviedo o el conscripto Abel Arce.

 

Todo ese circuito represivo quedo claramente demostrado en el juicio de la Casa Caballero I, por lo que fueron condenados a penas de 15 y hasta 25 años Oficiales y Sub Oficiales de la Policía del Chaco.